Que el dato de la medición alternativa del desempleo considerando desocupados a los beneficiarios de planes sociales diera 9,5 por ciento tiene un valor particular. Y es que el Gobierno lo había esgrimido como argumento para no anticipar la caída de la doble indemnización por despido, o indemnización especial (con recargo del 50 por ciento), esperando que esta tasa también cayera por debajo del 10 por ciento. Ocurrió en el segundo trimestre, y ahora vuelve a desatarse el reclamo patronal.

Fuentes oficiales aseguraban que el decreto dando por vencida la doble indemnización estaba a la firma del Presidente, pero que aún no se tomó la decisión política. En tanto, desde las filas sindicales volvió a rechazarse la conveniencia de dar por finalizada la función del cargo adicional por despedir a los contratados antes de enero de 2002.

“La indemnización especial fue dispuesta en función de la emergencia económica y social en el 2002, y es un criterio impuesto por los lobbies empresarios que debería eliminarse automáticamente porque la tasa de desempleo baje a menos del 10 por ciento”, sostuvo ante este diario Horacio Meguira, director del Departamento Jurídico de la CTA. “El empleo que está creciendo es el tercerizado, el de las empresas satélites que contratan los grandes grupos, a los que no se les reconocen ni los salarios ni las condiciones de convenio de trabajo de los empleados directos de esas grandes firmas. Lo que se busca abaratando los despidos es reemplazar el personal envejecido de las empresas madre por el tercerizado, como podría ocurrir con Telefónica de Argentina”, denunció Meguira. Además, advirtió que “sería una medida de sana administración que el Ministerio de Trabajo prorrogue la vigencia de la indemnización especial mientras no haya certeza sobre los índices, que hoy carecen de credibilidad”.

La Asociación de Dirigentes de Empresa reclamó que se resolviera la derogación, argumentando que “si se mantiene la doble indemnización va a haber una mala asignación de recursos, porque se seguirán haciendo previsiones para afrontar eventuales cesantías que podrían ser destinadas a crear empleos”.