El lunes próximo, cuando regrese de sus vacaciones, el juez federal Rodolfo Canicoba Corral retomará la causa en la que investiga la denuncia contra Guillermo Moreno y Beatriz Paglieri por falseamiento de documentación pública y violación del secreto estadístico. Hasta aquí, fuentes cercanas al magistrado aseguran que no cuenta con elementos suficientes como para citar a indagatoria a los denunciados, “ya que no está configurada la apariencia de un delito”. Sin embargo, para cuando retome la tarea, probablemente encuentre sobre su escritorio, como ampliación de la denuncia o como prueba fáctica, lo ocurrido en estas horas: la Dirección de Estadísticas de Mendoza informó al Indec un aumento de precios al consumidor del 3,1 por ciento en agosto, y éste informó públicamente que la suba, en esa misma provincia y en ese mismo índice, había sido del 1,5 por ciento. La apariencia de falseamiento de documento público, dicho en términos jurídicos, comienza a tomar cuerpo.

La causa por la denuncia de manipulación de datos en el Indec sigue, como línea de investigación, probar si hubo falsificación de datos. Es decir, si se sustituyó un elemento por otro al elaborar el índice de precios. “Una cosa es cambiar la información, en cuyo caso se estaría dando el supuesto de falseamiento de documento público, ya que el índice de precios que publica el Indec es un instrumento público. Pero otra cosa es que haya habido un cambio de metodología o de criterio, por el cual lo que cambia es la muestra de los productos que se consideran para medir el valor de la canasta”, señaló una fuente que asesora al magistrado en la materia. “En este último caso, es mucho más difícil afirmar que se está en presencia de una falsificación de datos”, explicó la misma fuente.

La discusión y confrontación de posiciones, de este modo, se venía diluyendo en consideraciones acerca de si estaba bien o mal recurrir a cambios de metodología, o si era válido tomar en cuenta los precios acordados entre el Gobierno y ciertas cámaras o empresas. “Es una materia opinable, porque la única referencia normativa son los manuales de procedimiento, que siempre dejan un terreno abierto a interpretaciones”, se quejaban, o excusaban, hasta ahora, los funcionarios judiciales.

Bajo estas circunstancias, hasta ahora se venía dilatando la posibilidad de llamar a indagatoria a Moreno y Paglieri, tal como había solicitado el fiscal Carlos Stornelli, porque no se consideraban reunidos los elementos que “permitieran configurar la apariencia de un delito”. Pero ayer, el cuadro de situación cambió drásticamente.

La Dirección de Estadísticas de Mendoza dio a conocer los resultados de su relevamiento de precios, en base a una metodología similar a la utilizada por el Indec y por otras provincias. Pero esos resultados, publicados ayer, difieren de los que divulgó el Indec en su informe Indice de Precios al Consumidor Nacional el lunes a la noche.

Este último informe simplemente debía reflejar, repetir, los datos recibidos de Mendoza. Pero no fue así. Este hecho, de por sí, podría ser la base de una ampliación de denuncia que, se descuenta, en las próximas horas realizarán los que iniciaron la causa que tramita Canicoba, y que puede cambiar el rumbo de esta historia. Y la suerte, hasta ahora intacta, de Guillermo Moreno.