Por Duncan Campbell
y Oliver Burkeman *
Desde San Diego y Nueva York

En los días posteriores al 11 de setiembre, la FBI respondió al estado de ánimo de pánico creciente de Estados Unidos lanzando una redada nacional de sospechosos. Durante varias semanas, mientras se seguía cada rastro posible, casi 1200 personas fueron detenidas en una operación caracterizada por su secreto extraordinario. Aquellos detenidos en la redada para proteger a Estados Unidos de futuros ataques terroristas fueron descritos por el Departamento de Justicia como sospechosos de “especial interés”, que se creía que tenían “conexiones con o poseen información perteneciente a actividades terroristas”.
Un año más tarde, sólo cuatro de ellos han sido acusados con cargos relacionadas con el terrorismo. De los demás, no se les ha encontrado hasta ahora conexión con grupos terroristas y han sido liberados, después de largos períodos pasados en prisiones de alta seguridad. Muchos de aquellos encarcelados han declarado que mientras estaban en custodia, les fue negada representación legal, fueron golpeados por prisioneros compañeros o guardias y sus paraderos les fueron ocultados a sus familias. Un total de 763 de aquellos detenidos eventualmente se enfrentaron a cargos de inmigración y la mayoría de ellos han sido deportados; unos 52 todavía están en custodia.
Si bien se espera que cualquier país sujeto a un ataque del nivel del 11 de setiembre reaccione inmediata y extensamente, los defensores de los derechos civiles acusan al gobierno de Estados Unidos de usar un sentido de emergencia nacional para relajar los procedimientos judiciales. Lo que parece ser el más común de los patrones en las detenciones es que a menudo el FBI era alertado por la más fútil de las pistas anónimas, a menudo basadas en la semejanza del nombre de una persona a la de uno de los secuestradores. La persona involucrada puede haber excedido su tiempo de visa y luego haber dado una falsa información sobre su status al FBI para cubrir sus rastros.
La saliente Mary Robinson, Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, acusó a Estados Unidos y otros gobiernos de ocultarse detrás de la guerra en curso contra el terrorismo para pisotear las libertades civiles. “Los ataques sobre Nueva York no sólo mataron a muchos inocentes, fueron ataques a la libertad y a la democracia y debemos sostener esos valores”, dijo.
Con las sospechas oficiales centradas en los musulmanes estadounidenses, se han cometido cientos de ataques individuales de venganza contra musulmanes o contra gente que se suponen musulmanes. El Consejo para las Relaciones Islámico-Norteamericanas en Washington recibió más de 60.000 informaciones de todo tipo de agresiones, desde ataques violentos a insultos verbales, y desde la pérdida del trabajo a graffitis ofensivos. Algunos árabes norteamericanos han cambiado sus nombres, otros directamente se fueron del país. Algunas mujeres dejaron de llevar el velo.
El principal blanco de las críticas de los defensores de las libertades civiles han sido las 324 páginas del Acta Patriótica, apurada para ser aprobada a cinco semanas de los ataques del 11 de setiembre, que amplía las definiciones de agresiones terroristas, aumenta sus penas e incrementa significativamente los poderes del Estado para acceder a informaciones personales y comunicaciones privadas. El acta permite “intervenciones telefónicas” en todo el territorio norteamericano, lo que autoriza a los investigadores a vigilar cualquier teléfono o conexión a Internet que pueda utilizar un sospechoso, además de la intercepción de información en las comunicaciones vía e-mail.
Los críticos de estas leyes señalan una importante lista de anécdotas que muestran, dicen, que las nuevas leyes violan la privacidad sin que se perciba un beneficio para los trabajos de inteligencia. Según la Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos, se les pidió a más de 200directores de campus de colleges que proveyeran información acerca de los estudiantes originarios del Medio Oriente. En una biblioteca pública de un suburbio de Chicago, el equipo de esta asociación informó que los agentes del FBI exigieron que se les dejara ver los registros de los asistentes, una práctica que los funcionarios admitieron luego haber empleado en al menos 84 bibliotecas más.
El 28 de agosto, cuatro árabes del área de Detroit, fueron arrestados bajo la acusación de pertenecer a una “célula durmiente” en Estados Unidos desde el año 2000, lo que se probó finalmente falso.

* De The Guardian de Gran Bretaña. Especial para Página/12.