En nueve días durante este mes, cuatro sindicalistas colombianos fueron asesinados, dos dirigentes de derechos humanos fueron secuestrados y luego liberados, y más de 40 dirigentes sociales que participaron de la marcha contra los paramilitares el 6 de marzo pasado recibieron amenazas de muerte. “Es una represalia por haber sacado a la calle los miles de crímenes que cometieron con total impunidad los paras en las últimas dos décadas”, aseguró Iván Cepeda, uno de los líderes del Movimiento Nacional de Víctimas de Estado. La denuncia no tuvo eco en el gobierno de Alvaro Uribe, pero sí la tendrá en el Congreso estadounidense en abril, cuando los demócratas vuelvan a cuestionar la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC), una iniciativa que George Bush calificó recientemente de “esencial” para la seguridad regional.

Según la mayor central obrera estadounidense, la AFL-CIO, los nuevos asesinatos demuestran que ni la persecución sindical ni los paramilitares han desaparecido en Colombia, como jura y rejura Uribe. “Les presentamos toda las pruebas y las denuncias a los líderes demócratas en el Congreso. Tienen suficiente como para rechazar el TLC y tenemos confianza de que eso harán”, explicó el encargado de Asuntos Internacionales, Just Voight.

Las amenazas empezaron en febrero, cuando el Movimiento de Víctimas de Estado, los principales sindicatos y las organizaciones de derechos humanos decidieron convocar la primera marcha nacional e internacional en homenaje a los miles de asesinados, desaparecidos, torturados y desplazados por los paramilitares. Dos días antes de las movilizaciones, los organizadores tuvieron un adelanto de lo que les esperaba. Carmen Carvajal, una líder del gremio docente de Ocaña, en el norte de Santander, fue asesinada por dos hombres encapuchados cuando salía de su casa. Le dispararon tres tiros en la cabeza. Nadie se adjudicó el asesinato, pero las organizaciones sociales pidieron protección al Estado.

Al día siguiente, ya no quedaron dudas. Un grupo de paramilitares secuestró al líder del sindicato de los bancarios de Bogotá, Leónidas Gómez. Su cuerpo apareció dos días después, casi al mismo tiempo que en Medellín asesinaban a Gildardo Gómez, un miembro del gremio docente local, que el día anterior había encabezado la marcha.

La cuarta víctima fue Carlos Urbano, un dirigente sindical de San Vicente de Caguán, el departamento que hace seis años fue el escenario elegido para las negociaciones de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las FARC. Desde el fracaso del proceso, Urbano venía denunciando las arbitrariedades del Ejército –que recuperó el territorio sin escatimar balas– y especialmente el megaoperativo de seguridad que habían preparado para acompañar la marcha. Con limitaciones y todo consiguió que cientos de personas lo acompañaran por las calles de la capital. Tres días después, desapareció sin dejar rastros. El 12 de marzo su cuerpo apareció en un basurero en las afueras de la ciudad con claras señales de tortura.

“Denunciamos la represión, los asesinatos y las amenazas, pero el gobierno y los medios estaban más interesados en el conflicto con Ecuador y Venezuela”, explicó frustrado Cepeda, que envió varias cartas a la Presidencia. El vocero del Palacio presidencial, César Velázquez, se excusó por no poder comentar sobre el tema. “Es que hace varios días que todos estamos afuera de Bogotá”, explicó a Página/12.

Uribe comenzó recientemente una gira por el interior para anunciar obras de infraestructura; su canciller, Fernando Araújo, estuvo hasta el cuello con las negociaciones en la OEA; el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, está concentrado en la seguidilla de victorias en la lucha con las FARC; y su asesor personal, José Obdulio Gaviria, está de vacaciones.

Nadie en Presidencia quiso comentar sobre el pedido de renuncia de Gaviria que presentaron esta semana el Movimiento de Víctimas y los sindicatos. El asesor había asegurado horas antes de la marcha del 6 de marzo que no participaría porque era una iniciativa de la guerrilla. “Es una marcha convocada por las FARC”, le había dicho a la prensa. Casualmente ésas fueron las palabras que utilizaron los paramilitares que secuestraron a dos líderes sociales el fin de semana pasado, durante su viaje a Bogotá para participar de un congreso de organizaciones de desplazados. “Les mostraron fotos de las marchas y les dijeron que habían provocado una reacción que recién empezaba”, relató Cepeda.