Desde Lima

Dos supuestos miembros de las FARC fueron capturados en la ciudad amazónica de Iquitos, al oriente del Perú, y el gobierno de Alan García, acosado por el creciente descontento popular, ha aprovechado este hecho para intentar desacreditar a los movimientos de protesta, acusándolos de tener vínculos con la guerrilla colombiana.

El anuncio de la captura de los dos colombianos acusados de pertenecer a las FARC se produjo el miércoles, el mismo día que culminaba un paro de 48 horas en la selva amazónica peruana en protesta contra una ley que abre las puertas para privatizar la Amazonia y que dejó siete heridos. El gobierno se apresuró a asegurar que los dos supuestos miembros de las FARC capturados habían llegado al Perú para “azuzar a la población contra el gobierno”. Y extendió la acusación de tener vínculos con las FARC a otros movimientos sociales en distintas partes del país que se han alzado en protesta contra lo política neoliberal del gobierno.

El gobierno también ha relacionado las protestas internas con una supuesta influencia chavista. En el lenguaje gubernamental, chavismo y FARC aparecen casi como sinónimos. Estas acusaciones contra los movimientos sociales de tener vínculos con el chavismo o con las FARC, o con ambos simultáneamente, se dan en un contexto de endurecimiento de la represión, que ya ha dejado cuatro muertos y decenas de heridos en las últimas semanas.

Los dos supuestos integrantes de las FARC capturados en Iquitos son Johnny Cárdenas, alias “Oliver” o “Tanaka”, y Dayvis Vivas. Según las autoridades colombianas, Cárdenas es integrante del Frente 63 del Bloque Sur de las FARC, que opera en el Putumayo, en la frontera de poco más de 1600 kilómetros entre Colombia y Perú, mientras Dayvis Vivas sería su pareja y también integrante del Frente 63. Ambos han reconocido haber pertenecido a las FARC, pero aseguran que hace varios meses desertaron del grupo guerrillero y que llegaron a Iquitos para iniciar una vida lejos de la guerra interna en Colombia. Cárdenas fue capturado mientras trabajaba conduciendo un mototaxi. Dayvis Vivas, por su parte, trabajaba en Iquitos como empleada doméstica.

El jefe de la policía peruana, general Octavio Salazar, no perdió tiempo en salir a los medios para calificar la captura de ambos como un éxito de la policía peruana en su lucha contra lo que calificó como un “plan para desestabilizar el país”.

Según el general Salazar, las FARC han ingresado al Perú para promover los movimientos de protesta interna con la mira puesta en las dos cumbres mundiales que este año organizará el Perú: la Cumbre de los países de América latina, el Caribe y la Unión Europea, que se realizará en Lima en mayo y a la que asistiría Cristina Kirchner; y la Cumbre de la APEC (foro económico de los países del Asia y del Pacífico), que se llevará a cabo en noviembre y en la que se espera la presencia de Bush. Sin embargo, luego se sabría que la captura fue monitoreada desde un inicio por la inteligencia colombiana.

Consultado por Página/12 sobre la supuesta presencia de las FARC en el Perú, el analista político Carlos Tapia señaló que las afirmaciones del gobierno de que las FARC buscan promover las protestas sociales en el Perú son “un absurdo”. “Las FARC ya tienen demasiados problemas en Colombia como para abrir otro frente”, subrayó.

Para Tapia hay tres posibles hipótesis para explicar la presencia de los dos supuestos miembros de las FARC en el Perú: “Que su llegada es parte de una acción del Frente del Putumayo de las FARC para hacer contactos relacionados con la venta de coca, que me parece la más débil de las tres posibilidades; que han venido para comprar armas; y la tercera es que son desertores de las FARC. Pero en ningún caso su presencia tendría que ver con los temas internos peruanos, como asegura el gobierno”.

En opinión de Tapia, el gobierno busca agarrarse de las FARC, así como de una supuesta presencia chavista a través de un apoyo económico a las protestas antigubernamentales, para justificar una ofensiva represiva: “Levantar la presencia de las FARC en el Perú también tiene que ver con la alianza de Alan García con Uribe y Bush. Esto lo que está anunciando es un endurecimiento de la represión contra la oposición y los movimientos sociales, vinculándolos con supuestos actos terroristas que, por cierto, no se están dando en el Perú, pero de los cuales el gobierno habla constantemente”.