Siete militares colombianos fueron detenidos y acusados de asesinar por encargo de los paramilitares reciclados, nombre que se ganaron los grupos supuestamente desmovilizados que siguen en actividad. Es la primera vez que miembros de las fuerzas armadas son vinculados con esta tercera generación de paras, que incluye a los que retomaron las armas, los que nunca las depusieron y los huérfanos de los antiguos carteles del narcotráfico, a quienes el gobierno se empeña en denominar “bandas criminales”.

Los militares detenidos, entre ellos un teniente coronel, pertenecen a la XI Brigada del departamento de Córdoba y habrían ayudado a Don Mario (a), un veterano paramilitar prófugo, en su guerra por controlar en el norte y el centro del país las principales rutas para sacar la cocaína al exterior. La Fiscalía Nacional no quiso dar detalles sobre la causa, excepto que se les imputa los delitos de homicidio y concierto para delinquir.

Desde el principio, el presidente Alvaro Uribe intenta esquivar el tema de los reciclados. Reconocerlos sería reconocer que el proceso de desmovilización de los paramilitares fracasó. La única vez que el mandatario habló públicamente del tema fue en diciembre pasado en un discurso en un pequeño municipio del César, un antiguo –reciclado– bastión paramilitar del norte del país. Lo mencionó al pasar, después de dedicar casi una hora a prometer más inversiones para obras públicas. “Voy a pedir una investigación a fondo para esclarecer si existen nexos entre oficiales, suboficiales y otros militares con estos grupos emergentes”, prometió Uribe, pero el asunto quedó allí.

El hermetismo de la Fiscalía en el caso de los siete militares de Córdoba y la ausencia de otras investigaciones no permiten conocer detalles de los entretelones de la alianza entre militares y reciclados. La Corporación Arco Iris, un centro de investigación colombiano, está investigando esta nueva connivencia, en base a confesiones de desmovilizados y denuncias de dirigentes sociales locales. En diálogo con este diario uno de sus investigadores, que pidió no revelar su nombre por razones de seguridad, explicó cómo oficiales de alto rango llegan a aliarse con los hombres más buscados por la Justicia colombiana:

- Los paramilitares desmovilizados que retomaron las armas llaman a sus antiguos aliados en la “lucha antisubversiva”, muchos de los cuales ya se encuentran retirados y gozando de una pensión. Como ya tienen cuarentitantos años y están fuera de la institución los utilizan como instructores para entrenar a los nuevos reclutas. Además de las técnicas de asalto e interrogación, los militares retirados les dejan una nutrida lista de contactos.

- Junto con estos contactos, que generalmente incluyen a oficiales de cierta jerarquía, los nuevos jefes paras tienen hombres, cuya única misión es reclutar jóvenes oficiales. A veces los invitan a una copa en el prostíbulo del pueblo, otras los visitan directamente en los cuarteles. Con apenas 23 o 26 años les ofrecen un sueldo casi igual al que les paga el ejército –alrededor de 400 dólares– a cambio de información y de apoyo logístico para transportar y sacar la cocaína del país. En algunos casos, los paras reciclados incluso pagan con especias. Por ejemplo, si avisan sobre un allanamiento a uno de sus laboratorios, se ganan una porción de la producción, a veces hasta un kilo de cocaína, que puede valer unos 3500 dólares.

- El tercer tipo de alianza es la legal. Con el subsidio que les paga el Estado para “iniciar proyectos productivos”, muchos ex paramilitares crean agencias de seguridad privadas. Lo hacen acompañados de sus viejos contactos militares, hoy retirados. La Corporación Arco Iris ya detectó ocho de estas agencias en el país, casualmente en los antiguos bastiones de los paramilitares: Antioquia, Bolívar, Santander, norte de Santander y Arauca.

El diario El Tiempo publicó ayer que cerca de 800 militares están siendo investigados por la Fiscalía Nacional. La mayoría son acusados de haber colaborado con los paramilitares en los ochenta y noventa, o de asesinar a campesinos y hacerlos pasar como guerrilleros. El ejército otorga cinco días libres por cada guerrillero abatido en combate. El año pasado los soldados colombianos tuvieron mucho tiempo para descansar; cerca de mil campesinos o dirigentes sociales murieron así.

“Con la parapolítica vimos la dimensión de la alianza con el poder político. Ahora vamos a descubrir cuán importante fue la colaboración militar y qué quedó de ella”, pronosticó el investigador de Arco Iris.