Desde Madrid

ETA llevó a cabo ayer el primer atentado con víctimas mortales desde que José Luis Rodríguez Zapatero asumió su segundo mandato como primer ministro. Los separatistas vascos colocaron una furgoneta bomba a las tres de la madrugada en la casa cuartel de la Guardia Civil en la localidad de Legutiano, provincia de Alava. El estallido del vehículo acabó con la vida de Juan Manuel Piñuel Villalón y dejó heridos a otros cuatro militares. Es la primera vez en mucho tiempo que ETA coloca una bomba sin avisar previamente a las autoridades de su estallido, lo que significa un cambio de gran envergadura en su estrategia. Podría tratarse, coinciden analistas políticos y policiales, de una respuesta desesperada de los independentistas a la política de acoso que está llevando el gobierno de Zapatero contra las expresiones políticas del nacionalismo radical, como es el caso de Alianza Nacionalista Vasca y el Partido Comunista de las Tierras Vascas, cuyos representantes en ayuntamientos y diputaciones provinciales están bajo la mira de la Justicia desde que se desmoronaron las conversaciones de paz en diciembre de 2006.

El ataque de ETA se produce en medio de una situación política altamente conflictiva en el País Vasco, debido a la crisis que atraviesa el Partido Nacionalista Vasco en el gobierno, derrotado abrumadoramente por los socialistas en las últimas elecciones generales del 9 de marzo. El PNV, que gobierna la región desde el retorno de la democracia, se encuentra entre la espada y la pared debido a la decisión del presidente de la región, el Lehendakari Juan José Ibarretxe, de convocar para octubre de este año un referéndum independentista al que se opone con vehemencia el gobierno de Rodríguez Zapatero. La decisión de Ibarretxe no ha sido ni siquiera bien digerida por sus propias filas y ha dejado al descubierto una profunda división dentro del PNV entre los que prefieren acentuar la vía soberanista y los más moderados, que se conforman con ampliar el grado de autonomía de la región y cuyo máximo representante es el presidente de la formación, Iñigo Urkullu.

Después de las elecciones generales de marzo, la crisis del PNV se acentuó debido a que el PSOE necesita con urgencia aliarse con los partidos nacionalistas para obtener la aprobación de sus iniciativas parlamentarias, ya que el partido de Zapatero no cuenta con la mayoría suficiente en el Congreso. En un primer momento, el PSOE insinuó que se podría llegar incluso a un gobierno de coalición con el PNV, que tiene siete diputados en Madrid, siempre y cuando Ibarretxe dejara de lado su convocatoria al citado referéndum. Pero el Lehendakari es un hombre tozudo y no está dispuesto a abandonar su “hoja de ruta” hacia la independencia, con el propósito de transformar al País Vasco en un “estado asociado” a España.

Para empeorar aún más las cosas, en marzo del próximo año deberán realizarse las elecciones regionales y los socialistas vascos tampoco ven con buen ojo que el gobierno central concrete justo ahora una alianza con los nacionalistas, cuando sienten que está a la vuelta de la esquina la posibilidad de desalojarlos del gobierno de Bilbao por primera vez en un cuarto de siglo. Para salir de esta situación empantanada, socialistas y nacionalistas pactaron hace dos semanas comenzar a presentar mociones de censura en los ayuntamientos donde gobiernan los partidos afines a ETA, como es el caso de la localidad de Mondragón, en la que la banda separatista asesinó dos días antes de las elecciones al ex concejal socialista Isaías Carrasco. Esta medida terminó por acentuar la sensación de acoso que sienten las fuerzas políticas cercanas a ETA, asediadas cotidianamente por la Fiscalía, los jueces federales y ahora también por socialistas y nacionalistas moderados.

Según las estimaciones que realizó ayer la policía después del atentado, ETA colocó entre 100 y 300 kilos de explosivos en la furgoneta bomba que estacionó frente al cuartel de la Guardia Civil, demostrando de ese modo que, pese a la constante vigilancia y persecución por parte de las fuerzas de seguridad, los separatistas tienen todavía el suficiente poder de fuego. Y lo que es más importante: que están dispuestos a utilizar ese poder para seguir presionando, sólo que ahora ya no avisarán a los afectados cuando coloquen la próxima bomba. Todo un desafío para el gobierno de Rodríguez Zapatero, que ayer ratificó que no piensa volver a sentarse a la mesa de negociación con ETA pase lo que pase. El único fin de la violencia, sostienen tanto socialistas como los representantes de la mayoría de los partidos opositores, vendrá cuando el grupo separatista abandone definitivamente las armas, sin ningún tipo de negociación previa. Algo parecido a una rendición incondicional que, por ahora, parece muy difícil que ocurra.