Cuando viaja por el mundo, Celima Torrico Rojas lleva a su región, Cochabamba, de la cabeza a los pies. La ministra de Justicia de Bolivia emerge del lobby de un lujoso hotel de Buenos Aires engamada en azul: sombrero de paja, blusa ceñida, pollera de terciopelo a la rodilla (no como en La Paz, donde se usa hasta los tobillos) y zapatos bajos. Esta mujer quechua con vasta experiencia sindical vino a nuestro país a trabajar en la coordinación de ambos países en la búsqueda de desaparecidos forzados durante los regímenes dictatoriales.

–Desde la Justicia, ¿no se podría haber hecho algo para evitar que se realizaran los referéndum autonómicos?

–Como gobierno, nosotros somos respetuosos de la legalidad. Lo que ocurre es que algunos grupos que han sometido siempre a muchas familias piensan que los estatutos autonómicos son la solución. Pero estos estatutos no están en el marco de la Constitución. La propuesta autonómica en el contexto de la ley es muy diferente: una autonomía departamental, indígena, regional y municipal comprendida en la nueva Constitución. En Bolivia estamos viviendo un proceso de cambio. Aunque le digan al presidente “este indio”, nos digan a nosotras “estas cholas, estas indias”, no van a impedir este cambio. Ahora estamos también en un proceso de referéndum revocatorio (será el próximo 10 de agosto), que la población decida si se quedan el presidente y el vicepresidente, así como los prefectos (gobernadores). Estamos convencidos del respaldo que tendrá el presidente Evo Morales.

–Pero si el gobierno considera que son inconstitucionales las consultas autonómicas, ¿por qué no intervino la Justicia antes?

–La Justicia boliviana está sometida a los pequeños grupos de poder. El Poder Judicial y las cortes departamentales electorales lamentablemente se someten a la ilegalidad. Los fiscales, los jueces y los ministros de la Corte Suprema de Justicia también están con los grupos autonomistas. ¿Por qué?, porque ellos fueron elegidos en el 2002 por los próximos 10 años. Y es el Congreso el que designa a los miembros de la Corte. Hoy en el Senado no tenemos mayoría. El Parlamento y el ministerio público no colaboran para luchar contra la corrupción. La administración de Justicia tiene que cambiar.

–¿Van a poder aplicar los estatutos?

–Los aplicarán ilegalmente. La población se irá dando cuenta de que esos textos, que nadie conoce, no son acordes a la Constitución.

–¿Es un asunto pendiente renovar el presupuesto y la infraestructura en la Justicia?

–En Bolivia, las normas fueron copiadas de otros países como EE.UU. No hay voluntad de mejorar las cosas. Los que tienen que estar en las cárceles son prófugos de la Justicia, como el ex presidente Gonzalo “Goñi” Sánchez de Lozada, como el ex ministro Sánchez Berzaín, que han hecho tanto daño en el país. Todavía dicen que son refugiados políticos en EE.UU. También los administradores de Justicia deben buscar una justicia social.

–Los bolivianos en el exterior no pueden votar, por ejemplo desde la Argentina. ¿Están haciendo algo al respecto?

–Hay un proyecto de ley que ya se ha aprobado en la Cámara de Diputados, pero en el Senado la oposición de derecha lo está trabando. Los hermanos emigrantes deben tener derecho a voto, estén donde estén.

–¿Cuál es la situación actual de las comunidad indígena?

–En Santa Cruz, en Sucre, en Tarija hay todavía familias cautivas: no tienen tierras y son de familia numerosa. Son explotados laboralmente por unos terratenientes que niegan que los esclavicen. Nuestro gobierno trabaja por una política de saneamiento de la tierra, para que esas familias tengan sus suelos para trabajar.