Desde Madrid

No contento con haber sido uno de los promotores de la directiva europea de retorno aprobada esta semana por el Parlamento Europeo, que endurece las normas con respecto a los inmigrantes clandestinos, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero anunció ayer nuevas medidas para sacarse de encima a los cada vez más molestos extranjeros. Una de ellas consiste en ofrecerles la oportunidad a aquellos que se han quedado sin empleo de cobrar el seguro que garantiza el Estado de una sola vez si deciden regresar a sus países. A cambio, los inmigrantes deberán renunciar a su permiso legal de residencia y no podrán retornar al país por al menos tres años. El gobierno socialista presentará también una propuesta de modificación de la Ley de Extranjería para limitar la posibilidad de reagrupación familiar a cónyuges e hijos menores de dieciocho años. Ya no se podrá traer al país a padres y suegros. El argumento de fondo, y del que muy pocos quieren hablar públicamente, es que son ya mayores y representan una carga para los servicios sociales.

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega anunció ayer estas medidas en conferencia de prensa, después de que concluyó la reunión en la que se constituyó la Comisión Delegada del Gobierno para Política de Inmigración. La número dos del gobierno español confirmó también que se amplía el plazo de detención de los inmigrantes clandestinos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de 40 a 60 días para “dotar de más tiempo” al proceso de repatriación. Según la nueva normativa europea, los inmigrantes podrán ser detenidos sin que medie una orden judicial. El cinismo del gobierno socialista en esta materia ha alcanzado cotas tan altas que a nadie le asombró que ayer el líder opositor Mariano Rajoy felicitara al gobierno por las nuevas medidas que, en su opinión, son idénticas a las que él proponía.

El gobierno socialista cree que unos 20 mil inmigrantes se acogerán al programa de cobro del subsidio de desempleo, un 40 por ciento en territorio español, una vez anuncien que aceptan el acuerdo, y el 60 por ciento restante en sus países de origen, apenas hayan regresado. La propuesta resulta jugosa para aquellos que hayan acumulado varios meses de este beneficio, que es proporcional al tiempo que una persona lleva trabajando, y que estén en condiciones de percibir el máximo de 930 euros que el Estado paga en este concepto. Ayer, Fernández de la Vega se mostró orgullosa de esta iniciativa y afirmó que hay algunos presidentes de países con gran presencia de inmigrantes en España, como Rafael Correa de Ecuador, que se mostraron partidarios de que se incentive el regreso de sus compatriotas. Según la propuesta del Ejecutivo, los que disfruten de esta ventaja tendrán prioridad, pasados cinco años, para ser contratados nuevamente en sus lugares de origen para trabajar en España.

Pero la medida que más indignación ha despertado entre el colectivo de inmigrantes es la prohibición de la reagrupación familiar de padres, suegros e hijos mayores de 18 años. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, explicó que esta norma es indispensable si se quiere impedir que sigan llegando personas porque, “si en algún punto no se para, se hace muy complejo que, al final, el sistema por muy bueno que sea pueda recogerlo”. Corbacho llegó al ministerio con fama de duro en esta materia y está más que dispuesto a demostrarlo. De esta forma, muchas familias que se traían a sus mayores al país cuando éstos no podían vivir solos ya no lo podrán hacer, así como tampoco se podrán juntar con sus hijos si no los legalizaron como residentes antes de los dieciocho años. La España de Zapatero, de este modo, se pone a la misma altura de las propuestas más radicales, criticadas por los mismos socialistas en su momento, del presidente francés Nicolas Sarkozy.

Para salvar la cara en una conferencia de prensa tan ingrata, María Teresa Fernández de la Vega se diferenció ayer de la normativa aprobada por la Unión Europea afirmando que España nunca extenderá el plazo de detención de los sin papeles hasta el nuevo máximo permitido de 18 meses. Una forma de disimular que, ante el susto que le ha provocado al gobierno socialista la irrupción de una crisis económica que subestimó en un primer momento, los socialdemócratas no tienen ningún empacho en volverse más conservadores que la oposición de derecha. Habrá que esperar ahora cuál será la reacción de los países latinoamericanos ante las nuevas medidas. En España viven 4,5 millones de inmigrantes, más del 10 por ciento de la población y gran parte de ellos proviene de América latina.