Desde París

Un incendio que destruyó un centro donde se aloja a inmigrantes sin papeles en tránsito de expulsión reavivó en Francia la polémica sobre las políticas inmigratorias en un contexto ya marcado por la adopción, por parte del Parlamento Europeo, de la cuestionada “Directiva Retorno”. Este texto fija un horizonte de medidas comunes para los 27 países de la Unión Europea, que incluyen detenciones de hasta 18 meses de los ilegales y la detención de menores. El incendio se produjo durante el fin de semana en uno de los polémicos CRA, Centro de Retención Administrativa. Ese centro ha sido objeto de denuncias y polémicas desde finales del año pasado, debido a las condiciones a menudo extremas en que se encuentran las personas detenidas. Un informe de junio citado ayer por el diario Liberation subraya “el clima de tensión y de violencia que impera en todos los CRA”.

Los primeros elementos de la investigación prueban que el incendio fue intencional y se propagó en momentos en que una organización de solidaridad con las personas sin papeles, Red de Educación sin Fronteras (RESF), manifestaba en los alrededores del centro a raíz de la muerte de un extranjero sin documentos ocurrida la víspera. El partido gobernante, UMP, insinuó que el RESF pudo haber tenido cierta responsabilidad en el incendio. El organismo, que se ocupa en lo concreto de los ilegales que tienen hijos escolarizados en Francia, respondió diciendo que esa responsabilidad le incumbe al ministro de Inmigración, Brice Hortefeux, cuya “política condena (a los extranjeros) al terror cuando están libres y a la completa desesperación cuando están internados en espera de su expulsión”.

El ministro concernido alegó, a su vez, que el incidente “era una de las numerosas ilustraciones de las consecuencias dramáticas de la inmigración ilegal”. El incendio en los locales del CRA no causó víctimas, las 240 personas que estaban alojadas fueron transferidas pero el hecho y la polémica a que da lugar plantea, más allá de Francia, la manera en que Europa trata el problema de la inmigración. Casi todas las capitales esgrimen desde hace meses cifras sobre el número de extranjeros expulsados como si ello fuese un certificado de buena conducta. El jueves de la semana anterior, al igual que lo habían hecho España e Italia, el ministro francés de Inmigración, Brice Hortefeux, destacó que durante los cinco primeros meses de 2008 había habido un aumento del 80 por ciento del número de extranjeros expulsados (14.660) con respecto al año anterior. Si el ritmo se mantiene, el gobierno conservador de Nicolas Sarkozy podrá cumplir con el objetivo que se fijó para el año en curso: expulsar a 26.000 personas del país. Para el Partido Socialista francés, el incendio que se produjo en el CRA fue consecuencia de esa política: “mostrar cifras y más cifras”. Esa política “cifrada” fue también criticada por dos sindicatos de policía que se quejaron de la presión que el Ejecutivo ejerce sobre las fuerzas del orden para que se obtengan resultados consistentes.

El Centro de Retención Administrativa que se quemó estaba situado en los alrededores de París, en la localidad de Vincens, y era el más grande de Francia. Algunos lo llaman “la olla de presión”. Intentos de suicidio, malos tratos, huelgas de hambre y amotinamientos han escrito la historia negra de este tipo de centros a los que la Directiva Retorno adoptada por la UE da ahora una nueva legitimidad. La problemática que se plantea en el futuro es peligrosa. Francia es, con España, uno de los pocos países en donde, por ley, la retención administrativa no excede los 32 días –40 en España–. París ya aclaró que no modificará el régimen, es decir, que no extenderá ese plazo a los 18 meses que fija la Directiva Retorno. ¿Pero qué ocurrirá en los demás países? En qué condiciones y con qué derechos –visitas, defensa, etc.– serán mantenidos los extranjeros a quienes la Directiva Retorno convierte en delincuentes. Un año y medio de pena es un plazo muy extenso para una infracción como la residencia ilegal. El incendio y la extensa serie de incidentes que estallan en ese tipo recintos –los expulsados de España pueden ofrecer testimonios sobrecogedores– muestran los altos niveles de inseguridad y de malestar que imperan en esos túneles hacia la frontera. Brigitte Wieser, miembro de RESF, explica que el malestar adentro es tanto más grande cuanto que “los detenidos viven la injusticia de estar en la cárcel cuando en realidad no hicieron nada”.

Los testimonios de los expulsables publicados por la prensa hielan la sangre cuando se piensa que eso ocurre en países que son modelos democráticos: “Los seis baños eran inmundos, nos bañábamos con agua fría, la comida era espantosa, dormíamos de a 7 y 8 en una habitación de 15 metros cuadrados, a veces en el suelo, sobre colchones”, contó Bruno al diario Liberation. Los próximos 7 y 8 de julio, en el curso de la reunión de ministros europeos de Interior, el titular francés de la cartera de Inmigración, Brice Hortefeux, presentará a los 27 Estados de la Unión un “Pacto europeo de inmigración”. Francia, que asume el primero de julio la presidencia semestral de la UE, propone a los demás Estados que renuncien a las regularizaciones masivas de inmigrados, que haya “vuelos comunes” para expulsar a los inmigrados, que se “favorezca la inmigración elegida con carácter profesional” y que los candidatos a la inmigración adopten un “contrato de integración”, que incluye “el aprendizaje del idioma nacional, las identidades nacionales y los valores europeos”. La represión al ilegal será, en suma, un criterio común de acción.

Los Estados latinoamericanos deberán, sin duda, crear ministerios o secretarías especializadas para tratar los numerosos casos de detenciones prolongadas a las que serán condenados los ciudadanos. Y por qué no una suerte de “Ministerio Simétrico”, cuya misión consistiría en responder de manera simétrica a la asimetría brutal con que Europa trató a la histórica generosidad de América latina.