La policía retomó la estación de peaje del aeropuerto internacional de Santa Cruz ocupada por la derechista Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y detuvo a siete personas que luego fueron liberadas por presión de otros miembros de esa agrupación, informó ayer la prensa local. Con el argumento de la “autonomía” los miembros de la UJC asaltaron la estación de peaje para que sus fondos dejen de fluir hacia el Estado nacional y vayan al gobierno departamental (provincial) de Santa Cruz.

“El 4 de mayo así lo decidió el pueblo, de que Santa Cruz sea autónomo, entonces todos los retenes (peajes) del departamento tienen que pasar a manos del gobierno departamental”, dijo un miembro del grupo de choque al Canal 11 de televisión, en declaraciones reproducidas por la Agencia Boliviana de Información (ABI).

Minutos después los efectivos policiales llegaron al lugar y retomaron el control del peaje con el uso de la fuerza ante la resistencia de los unionistas, que fueron reprimidos con gases y profirieron insultos contra los policías.

Los unionistas señalaron que tomaron ese peaje de la carretera norte y dejaron pasar a todos los vehículos, exigiendo que no se pague peaje “hasta que ese dinero no vaya a las arcas de la Prefectura (Gobernación) de Santa Cruz”. Tras la detención por la policía de cinco miembros de la UJC, sus compañeros intentaron tomar la comisaría en que estaban alojados y quemaron un patrullero, encabezados por Alfredo Saucedo, vicepresidente esa organización juvenil, grupo de choque que responde al Comité Cívico pro Santa Cruz.

“Suéltenlos pues”, “autonomía”, “lárguenlos a toditos”, “no sean cobardes” gritaban los unionistas mientras amenazaban a los policías con tomar por la fuerza el recinto policial si no se liberaba a sus compañeros.

Ante la violencia de los unionistas, la policía volvió a actuar y nuevamente arremetió con gases lacrimógenos y dispersó a los jóvenes.

La ministra de Justicia de Bolivia, Celima Torrico, aseguró hoy que las acciones violentas de la UJC son parte de la aplicación ilegal del estatuto autonómico de Santa Cruz. “Esa actitud de violencia está en los estatutos que están aplicando, no se puede aceptar estos hechos de amedrentamiento y racismo. Hay normas de cobro de peajes que se tienen que respetar”, manifestó Torrico, citada por el diario digital Erbol.

Por otra parte, la UJC anunció ayer el inicio de una campaña de toma de instituciones públicas nacionales de Santa Cruz, como la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la oficina regional del Servicio de Impuestos Nacionales y los peajes, para que su administración y sus recursos pasen a manos de la Prefectura (Gobernación).

En La Paz, el ministro de Gobierno, Alfredo Rada, acusó a la UJC de practicar el “terrorismo y el vandalismo” contra la democracia y el estado de derecho y consideró que esa organización no actúa en el “escenario político porque sólo ejerce el matonaje propio de una pandilla”.

Rada felicitó a la policía por haber impedido la toma de la estación de peaje y por haber reprimido a la UJC. Adelantó, además, citado por el diario paceño La Prensa, que presentará una denuncia formal en la fiscalía contra los unionistas, por atentado contra la propiedad pública y resistencia a la autoridad.

En los últimos tiempos la UJC viene acumulando antecedentes de actos violentos. En noviembre del 2007, en el paro cívico de Santa Cruz, miembros de la UJC se enfrentaron con miembros del mercado de Abasto. En febrero de este año, el ex vocero del gobierno Alex Çontreras denunció que miembros de la UJC, en estado de ebriedad, atacaron a sectores sociales concentrados en defensa de la nueva Constitución. En abril periodistas fueron agredidos por al menos 300 miembros de la UJC en la provincia Cordillera. El mes pasado miembros de la UJC golpearon a David Vega, párroco de la Colonia San Martín de Santa Cruz.