La Justicia uruguaya no podrá juzgar al represor Jorge Tróccoli. La Corte Suprema italiana rechazó ayer el nuevo pedido de extradición presentado por el gobierno de Tabaré Vázquez, luego de que el primero fracasara por demoras administrativas en la embajada uruguaya en Roma. El tribunal italiano ratificó la liberación del ex marino, argumentando que Montevideo no había hecho los trámites de extradición en tiempo y forma. Por lo tanto, sostiene el fallo, no hay razón para que circule libremente dentro de las fronteras italianas. El canciller uruguayo, Gonzalo Fernández, lamentó la decisión de Roma y adelantó que impulsarán un juicio en los tribunales italianos.

La noticia cayó como un balde de agua fría entre los organismos de derechos humanos y las organizaciones de familiares de víctimas del terrorismo de Estado uruguayo. Jorge Tróccoli no fue un militar más durante los años de la dictadura. Era el jefe de Inteligencia de los Fusileros Navales (Fusna), el organismo castrense que trabajó codo a codo con la ESMA argentina en el llamado Plan Cóndor.

Según la Fiscalía uruguaya, su testimonio es clave para conocer con detalle cómo funcionó la cooperación entre Montevideo y Buenos Aires a fines de los setenta. Además, es el principal imputado en una causa que investiga la muerte de decenas de uruguayos y la desaparición de más de 20 militantes de izquierda, que habrían sido secuestrados en Buenos Aires y trasladados clandestinamente a la otra orilla del Río de la Plata. A pesar de haber sido una pieza clave de la represión ilegal de aquellos años, el ex marino quedará libre, por ahora, por un error burocrático.

Tróccoli fue detenido en Salerno en diciembre pasado. Estaba confiado, sabía que su doble ciudadanía le garantizaba que las autoridades italianas no lo extraditarían. En el Tratado vigente entre los dos países rige el principio de no entrega de nacionales. Sin embargo, durante los tres meses que tenía Montevideo para presentar el caso ante los tribunales italianos, los crímenes del ex marino fueron ganando fama y la balanza parecía inclinarse a favor de las víctimas. Pero el optimismo murió casi de inmediato.

En marzo pasado, la Justicia romana no tuvo que tomarse demasiado tiempo para analizar el caso. La embajada uruguaya no había cumplido con los tiempos procesales, es decir, no llegó a entregar toda la documentación y las traducciones a tiempo. Los abogados de derechos humanos uruguayos se lanzaron con furia contra el embajador en Roma Carlos Abín y pidieron su renuncia. El diplomático se defendió y por unos días consiguió el apoyo de la cancillería uruguaya. Sin embargo, el error había sido demasiado evidente y finalmente se vio forzado a renunciar. Fue ahí cuando el gobierno de Vázquez presentó un recurso para suspender la libertad de Tróccoli y reiniciar el trámite de extradición.

Abatido, el canciller Fernández reconoció ayer la derrota en Montevideo, sin cuestionar el fallo.