Más de 13.600 colombianos fueron asesinados, ejecutados o desaparecieron durante los seis años de gobierno de Alvaro Uribe. Esa cifra es apenas una de las denuncias que presentó ayer un frente de 400 organizaciones de derechos humanos ante la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas. “Han aumentado dramáticamente los casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y el desplazamiento de campesinos”, advierten. El informe será utilizado como evidencia cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU se reúna en diciembre próximo para evaluar la situación en Colombia. El gobierno de Uribe ya prepara un contraataque con sus propias cifras. Su objetivo, adelantaban ayer los medios colombianos, será demostrar que antes estaban peor.

“No se puede negar que bajó el número de asesinatos en los últimos años, pero no es porque la seguridad mejoró. Los grupos armados cambiaron la forma de operar. Ya no pueden matar de a cinco o diez, hay demasiada atención internacional puesta en el país. No hay tantas masacres masivas, pero las ejecuciones y las desapariciones siguen siendo un dato cotidiano en Colombia”, explicó a este diario un investigador de la Fundación Arco Iris, una ONG que aportó parte de las cifras del informe. Un ejemplo de esto fue el asesinato de Ever González, un veterano líder campesino y defensor de los derechos humanos, que fue acribillado la semana pasada por dos hombres a plena luz del día cuando salía de su casa en el departamento de Sucre, en el noroeste caribeño.

Estos asesinatos no son nuevos en Colombia, sin embargo el informe destaca que en más de tres cuartos de los casos en los que se llega a conocer el responsable, el Estado está involucrado. “En los últimos cinco años se ha constatado un aumento del 67,71 por ciento de las ejecuciones extrajudiciales directamente atribuidas a la fuerza pública”, aseguró el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón. El objetivo del informe, agregó, es demostrar que a diferencia de lo que sostienen Uribe y sus ministros, el conflicto colombiano no está ni cerca de resolverse.

Durante el primer trimestre de este año casi más de 113 mil personas tuvieron que abandonar sus hogares para escapar de la violencia de los paramilitares, las guerrillas y el propio ejército nacional. “Diariamente se están desplazando forzadamente en promedio 1250 personas”, denuncia el informe. La mayoría son campesinos e indígenas, que se ven obligados a vagar por todo el país o incluso cruzar la frontera hacia Ecuador o Venezuela en busca de cualquier tipo de ayuda. La ONU estima que ya suman más de cuatro millones los desplazados.

Pero no todo es una continuidad para las organizaciones de derechos humanos. Algunas cosas sí están peor. “Existe un alto nivel de impunidad estimulada en este período por el propio gobierno. En otros gobiernos también la había pero más por negligencia y por el funcionamiento del fuero militar”, denunció Gallón. De los más de 30 mil paramilitares que se desmovilizaron entre 2004 y 2006, sólo 116 están siendo investigados por sus crímenes, ninguno ha sido condenado y la mayoría de los antiguos jefes están en Estados Unidos, aislados y esperando una sentencia por narcotráfico.

“El paramilitarismo no ha sido desmantelado”, concluye el informe y sostiene que entre nueve y 10 mil desmovilizados han vuelto a tomar las armas en los últimos años. Un ejemplo de esto son dos ex jefes paras, rebautizados capos narcos por el gobierno, Don Mario y Cuchillo. Sus organizaciones, según la Fundación Arco Iris, ya tienen ejércitos de más de tres mil hombres cada uno.