Un juez federal estadounidense ordenó ayer que 17 chinos musulmanes de la etnia uigur, detenidos en Guantánamo sin cargos en su contra, sean liberados en suelo estadounidense. Se trata de una “etapa importante”, dijo el organismo defensor de los DD.HH. Human Rights Watch, en un comunicado. Sin embargo, el gobierno del presidente George W. Bush anunció su intención de apelar la decisión judicial.

La administración Bush eliminó el 30 de septiembre las acusaciones de “combatientes enemigos”, que justificaban hasta ahora la detención de estas 17 personas en la base de Guantánamo sin cargos ni juicios.

Estos hombres reclaman ahora su liberación temporaria en suelo estadounidense hasta que un tercer país acepte acogerlos, según revelaron los documentos judiciales. Pero el gobierno republicano propone mantenerlos en “viviendas especiales” del centro de detención de Guantánamo, isla de Cuba, “hasta que se puedan instalar en un país extranjero”.

En mayo de 2006, Albania aceptó acoger a cinco detenidos, pero ningún otro país tomó el riesgo de generar el descontento del gobierno chino al darles asilo. Hasta ahora, “al menos seis de los hombres siguen en régimen de aislamiento”, esto significa que pasan al menos 22 horas por día aislados, en una celda metálica sin luz natural. “La situación de los uigures sirve para recordar lo pantanoso a nivel judicial y moral que es Guantánamo”, estimó la Asociación de defensa de las libertades civiles (Aclu).

Huidos de China, los 17 detenidos estaban como refugiados en campos de Afganistán cuando la coalición liderada por Estados Unidos intervino militarmente en ese país tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Entonces huyeron hacia la frontera con Pakistán, donde fueron detenidos.

Por otra parte, EE.UU. alegó “apoyo logístico” para justificar los vuelos secretos de la CIA a Guantánamo, según publicó el diario madrileño El País. “Suministrar apoyo logístico” fue el motivo alegado por Estados Unidos para justificar la mayor parte de los vuelos entre las bases españolas de Torrejón de Ardoz (Madrid), Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) y el campo de prisioneros de Guantánamo (Cuba), donde más de 700 sospechosos de terrorismo han sido retenidos indefinidamente sin acusación ni tutela judicial tras el 11-S de 2001.

Así figura en la documentación complementaria que el Ministerio de Defensa de España remitió al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga el caso de los llamados vuelos de la CIA. En la misma se reconoce que 13 vuelos con origen o destino en Guantánamo obtuvieron permiso para hacer escala en España (uno de ellos no se hizo, pese a estar autorizado) entre los años 2002 y 2007 y otros 13 sobrevolaron el espacio aéreo a través de la aerorruta que cruza el estrecho de Gibraltar. El juez Moreno investiga si estos aviones militares se utilizaron también para trasladar a personas que estaban ilegalmente detenidas.