En el décimo aniversario de la detención de Augusto Pinochet en Londres, Amnistía Internacional advirtió sobre el debilitamiento de la Justicia internacional. “Sigue quedando mucho por hacer para que se cumpla la esperanza de justicia que generó el arresto de Pinochet. Miles de autores de abusos contra los derechos humanos están aún en libertad, evitando la justicia en lugares seguros de todo el mundo”, señaló la secretaria general de la organización, Irene Khan. Para la ONG, la comunidad internacional y los jueces y abogados de todo el mundo tienen la obligación de consolidar y sistematizar los principios jurídicos, morales y políticos que legitimaron los 503 días de arresto del otrora todopoderoso dictador chileno en la capital británica.

“Es el momento de recordar el extraordinario logro de los familiares de las víctimas de Pinochet”, concluyó Khan. El 16 de octubre de 1998 el juez de la Audiencia Nacional española, Baltasar Garzón, reunió miles de pruebas de las torturas, desapariciones y ejecuciones que le habían acercado abogados chilenos de derechos humanos e invocó por primera vez en la historia la jurisdicción universal. “Reconoció que los jefes de Estado no están por encima de la ley y pueden ser detenidos y juzgados internacionalmente por los delitos cometidos en su propio país”, explicó ayer Amnistía Internacional en un comunicado.

Desde entonces, muchos jueces siguieron el ejemplo de Garzón. Una corte belga emitió una orden de captura internacional en 2005 contra el ex presidente de Chad, Hissene Habré, quien fue detenido en Senegal. Finalmente, el país africano no lo extraditó a Europa, pero modificó sus leyes para poder juzgarlo en su país. Este año, el fiscal general de la Corte Internacional Penal de La Haya pidió la detención del presidente en funciones de Sudán, Omar Hasán al Bashir.

Sin embargo, según advirtió Amnistía Internacional, los avances son demasiado lentos y difíciles. Por ejemplo, recuerda la organización, actualmente varios gobiernos están reclamando ante la Asamblea General de la ONU que se condenen los “abusos” de la jurisdicción universal cometidos por La Haya en los procesos contra las autoridades de Sudán. “La detención de Pinochet sentó un precedente que la comunidad internacional tiene la obligación de consolidar, deteniendo y juzgando o extraditando a presuntos autores de crímenes tipificados en el derecho internacional”, demandó la secretaria general de Amnistía Internacional.

En España y Chile, en cambio, recordaron con mucho optimismo el día que dos policías ingleses arrestaron al dictador chileno en su habitación en The London Clinic, por orden del juez Garzón. “Tras la captura del dictador, los crímenes contra la humanidad ya no quedarían impunes en el resto del mundo”, recordó con alegría el abogado español Joan Garcés. Como viejo amigo del derrocado presidente socialista Salvador Allende, Garcés fue el abogado que presentó la denuncia de los familiares de las víctimas ante Garzón.

Para el abogado chileno Roberto Garretón, quien hace diez años redactó la acusación contra Pinochet leída en el Parlamento británico, la histórica detención del dictador también impulsó a las justicias nacionales a juzgar a sus propios criminales. Los juicios contra los represores se multiplicaron en los años siguientes en Chile, en Argentina se anularon los decretos de punto final y obediencia debida en 2005, y ese mismo año el ex presidente Alberto Fujimori fue detenido en Chile por pedido de la Justicia peruana.