“¡Llevo diez años esperando este momento!”, celebró ayer con una alegría que no podía contener la nieta de uno de los combatientes republicanos fusilados junto al poeta Federico García Lorca. Nieves Galindo fue el familiar que se acercó al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y demandó la exhumación de los cuerpos de los fusilados cerca de Granada, durante los primeros meses de la Guerra Civil. La respuesta tardó. Los familiares de García Lorca se negaban a autorizarlo. Para ellos, la barranca donde yacen las fosas comunes de aquella época era su lugar. “Esa es su tumba definitiva, en ese barranco y en esa compañía”, había dicho hace unos días la sobrina del poeta y portavoz de la familia, Laura.

Finalmente las presiones de los familiares de las otras víctimas crecieron hasta que los García Lorca cedieron. “No lo impediremos. Aunque nos gustaría que no se hiciera, respetamos los deseos de las otras partes implicadas”, dijo ayer Laura. Poetas, escritores, artistas, defensores de los derechos humanos y dirigentes políticos participaron en las últimas semanas en un debate sobre qué hacer, qué deseos respetar. La semana pasada en su blog, el escritor español José Saramago reconoció que ninguna familia estaba por encima de la otra, pero se negó a plegarse a la advertencia de la derecha sobre “reabrir heridas del pasado”. “Sólo las páginas de los libros tienen vuelta, las de la vida, no”, escribió.

Convencidos o no por el argumento, los familiares de Lorca decidieron retirar su negativa y dar luz verde a la excavación de cientos de metros cuadrados, donde se estima podrían estar sepultados entre mil y tres mil combatientes republicanos que fueron fusilados. Algunos serán más fáciles de identificar, como el abuelo de Nieves Galindo. Dióscoro Galindo, más conocido como el Maestro Rojo, fue fusilado el 18 de octubre de 1936 junto con García Lorca y dos compañeros más. Le faltaba una pierna y se sabe que a los cuatro los enterraron juntos.

Hace unos días la sobrina del poeta había advertido sobre el problema de hacer exhumaciones parciales en un cementerio masivo. “¿Qué pasa con el resto? Ahora todos descansan en un cementerio común, todos han sido víctimas del mismo salvaje y cruel asesinato”, aseguró. Pero para la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) es un primer paso necesario para comenzar a reparar a las víctimas y a sus familias.

“Este país ha sido tan injusto para las víctimas... después de 30 años de democracia ningún gobierno tomó sus responsabilidades”, explicó Emilio Silva, presidente de la organización. El dirigente social ya adelantó que si la Fiscalía recusa la orden del juez Garzón, como adelantó, ellos seguirán presionando en cortes nacionales e internacionales. “Nos costó mucho llegar a esta decisión.”