A los 60 años y con 24 años de prisión por delante en Estados Unidos, el jefe paramilitar Ramiro “Cuco” Vanoy anunció que no colaborará con los juicios de la verdad en Colombia. Para las familias de sus víctimas en el norte de Antioquia, la decisión confirma su mayor temor: nunca tendrán justicia ni sabrán dónde están los cuerpos de sus seres queridos. El paramilitar extraditado encabezó durante casi dos décadas un pequeño ejército, responsable de al menos tres mil asesinatos.

Vanoy es el primero en recibir sentencia de los catorce jefes paramilitares extraditados en mayo a Estados Unidos. Si los demás siguen su camino, se perderá la última oportunidad de encontrar los restos de decenas de miles de desaparecidos, con la anuencia tácita de dos gobiernos que dicen combatir las violaciones a los derechos humanos. “El gobierno colombiano y el estadounidense son responsables de un grave atentado contra la Justicia”, denunció Iván Cepeda, presidente del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. “Ahora la Corte Penal Internacional tiene un antecedente concreto para iniciar un proceso contra los paramilitares por crímenes de lesa humanidad.”

Hace dos años, Cuco Vanoy había desmovilizado a sus casi tres mil hombres y se había entregado a la Justicia bajo la ley de Justicia y Paz redactada por el gobierno de Alvaro Uribe. Según el acuerdo, ellos debían confesar todos sus crímenes, señalar a quiénes los habían ayudado y financiado, y devolver los bienes que habían usurpado. A cambio recibirían penas mínimas y un borrón y cuenta nueva.

Funcionó hasta que los paramilitares empezaron a señalar a los aliados y funcionarios de Uribe. Entonces, los catorce máximos jefes paramilitares, los que habían dado las órdenes para asesinar, torturar y hacer desaparecer a decenas de miles de colombianos desde finales de los ochenta, fueron extraditados entre gallos y medianoche a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.

El jueves a última hora, a través de Germán Navarrete, su abogado colombiano, Vanoy comunicó que suspendía indefinidamente su participación en la Ley de Justicia y Paz. “El señor Vanoy teme por la seguridad de su familia en Colombia. El gobierno y la Justicia colombiana han incumplido sus promesas”, fue la única explicación que dio Navarrete. Sin embargo, cuesta creer que la familia de Cuco Vanoy corra peligro en Tarazá. Los Vanoy viven en un pequeño municipio del norte de Antioquia, el departamento que gobernó durante años Uribe. Allí todos reconocen a Cuco Vanoy como “el señor”.

Mientras enviaba a sus hombres a quemar las casas, violar a las mujeres y torturar a los campesinos del vecino pueblo de Ituango, en Tarazá construía dos clínicas de alta complejidad, parques infantiles, comedores, asfaltó calles y financiaba el plan Tarazá Sin Hambre, que aún hoy da de comer a más de cien familias. Dos mil vecinos, el alcalde y varios concejales lo acompañaron hace dos años, cuando se entregó a la Justicia.

En todo caso el miedo le vino de golpe. Hace apenas una semana, Cuco Vanoy prometía que a pesar de la dura sentencia del juez federal de Florida K. Michael Moore, él seguiría declarando en los juicios de derechos humanos. “Estoy comprometido con la reconciliación y la paz colombiana”, declaró entonces.

Pero nada lo obligaba a hacerlo. El acuerdo que había firmado con el Departamento de Justicia norteamericano para evitar la pena máxima de 40 años no hacía ninguna mención sobre una posible extradición a Colombia una vez cumplida su sentencia en Estados Unidos. Vanoy eligió no entregar su fortuna y pelear su extradición desde Florida cuando llegue el momento, total de acá a 20 años pueden pasar muchas cosas.

El anuncio del paramilitar desató la furia de las asociaciones de víctimas, que ahora exigen medidas urgentes del gobierno colombiano. “Si Uribe y la Justicia colombiana realmente no quieren que las masacres queden impunes, pueden obligar a la antigua estructura de Cuco Vanoy, a sus mandos medios, a declarar”, reclamó el presidente de la ONG antioqueña Corpades, Luis Fernando Quijano.