Por Clodovaldo Hernández *
Desde Caracas
La oposición venezolana, apuntalada en la exitosa marcha que el jueves movilizó cerca de un millón de personas en Caracas, ha amenazado al presidente Hugo Chávez con una huelga general indefinida a partir del lunes 21 de octubre, a menos que, antes del jueves 16, renuncie o acepte convocar a elecciones anticipadas. Pero la administración de la sonora victoria de la Coordinadora Democrática, que agrupa a todos los partidos y organizaciones opositoras, no ha resultado tan sencilla como cabría esperar.
Tras la gigantesca demostración de fuerza, los líderes encargados de anunciar las siguientes acciones no se atrevieron a convocar el paro de manera inmediata, tal como lo exigía una porción radicalizada de la multitud asistente, sino que ofrecieron este plazo al jefe del Estado.
Muchas voces del mismo sector opositor han cuestionado esta actitud por considerarla demasiado conciliadora, pero voceros de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, (CTV, la principal central obrera) y de Fedecámaras (el organismo cúpula del empresariado), justificaron la estrategia asegurando que de haber llamado a paro inmediatamente, el gobierno hubiese puesto en marcha un plan para asesinar a miles de manifestantes. Ninguno de ellos presentó prueba alguna de sus denuncias.
El camino hacia el paro, a pesar de la participación de los máximos organismos sindicales y empresariales, es bastante complejo, especialmente porque los poderosos sindicatos de trabajadores petroleros y del transporte colectivo, sectores considerados clave para el éxito de la protesta, han anunciado ya que no se sumarán. El gobierno también ha logrado ganarse el apoyo de algunos sectores empresariales, especialmente pequeños y medianos industriales favorecidos por medidas proteccionistas.
El del 21 de octubre sería el tercer paro convocado por los organismos empresariales y sindicales en menos de un año. El 10 de diciembre de 2001 se llevó a cabo el primero, una jornada de un día que se cumplió en todo el país. Posteriormente, el 9 de abril comenzó el segundo paro, que inicialmente sería de 24 horas, luego se extendió a 48 y finalmente se le declaró indefinido. La huelga, que en su tercer día ya estaba languideciendo, quedó interrumpida por el golpe de Estado que removió a Chávez de la Presidencia, la madrugada del 12 de abril.
En la primera oportunidad, se utilizó como argumento la aprobación por parte de Chávez, mediante el procedimiento especial llamado Ley Habilitante, de un paquete de 49 textos jurídicos supuestamente lesivos a la propiedad privada, entre ellos la emblemática Ley de Tierras. El segundo paro se basó en las protestas de los altos ejecutivos de la principal empresa pública del país, Petróleos de Venezuela (Pdvsa) por la imposición de una directiva sin apego a las normas de la meritocracia. Para este tercer paro no hay hasta ahora consignas específicas, salvo la que exige la salida de Chávez del poder.
El vicepresidente de la República, José Vicente Rangel, ofreció anteayer una primera respuesta en nombre del gobierno para la amenaza de huelga. Señaló que “un ultimátum no es algo democrático, porque es como ponerle a alguien una pistola en la sien para que haga lo que uno quiera”. Rangel se mostró confiado en que el respaldo popular de Chávez sigue firme, a pesar de reconocer la gran asistencia que tuvo la marcha de sus adversarios. “Es una buena señal que el pueblo esté en la calle manifestando pacíficamente. Nosotros también haremos una buena marcha’, dijo el funcionario, refiriéndose a una movilización que el partido oficial, MVR, tiene pautada para hoy, cuando se cumplan seis meses de la restitución de Chávez en la Presidencia, 47 horas después de haber sido derrocado. También celebró que el acto opositor “no haya tenido el desenlace que algunos esperaban”, en referencia al pronunciamiento del jefe del Estado Mayor Conjunto, vicealmirante Alvaro Martín Fossa, que se produjo de manera simultánea a la manifestación y que, según los rumores que cundieron en Caracas, desencadenaría otro intento de golpe de Estado.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.