Desde Santa Cruz

Hace cinco años, el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, “Goni”, huyó a Miami, Estados Unidos. Detrás de él, algunos ministros y militares. Atrás dejaron la masacre de 67 personas en lo que se recuerda como “Guerra del gas”, aunque de guerra tuvo poco. El lunes pasado, la embajada de Bolivia en EE.UU. entregó al Departamento de Estado los exhortos suplicatorios para extraditar a Sánchez de Lozada; Carlos Sánchez Berzaín, ex ministro de Gobierno en 2003, y Jorge Beringoague, ex ministro de Hidrocarburos, acusados de genocidio. En el Palacio Quemado confían en que el nuevo presidente de EE.UU., Barack Obama, “llegue a viabilizar la extradición de Sánchez de Lozada, quien ha gozado hasta la fecha de protección política durante el gobierno de George Bush”, dijo el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti.

Bolivia no tiene embajador en EE.UU. desde que fuera expulsado en septiembre Gustavo Guzmán. Así contestó Bush a la retirada de su embajador, Philip Goldberg, culpado por el presidente Evo Morales de boicotear su gobierno y apoyar la división del país. Quien entregó las 2700 páginas de exhorto suplicatorio fue la encargada de Negocios de la embajada boliviana, Erika Dueñas. Lo dejó en manos de Kevin Whitaker, director de Asuntos Andinos del Departamento de Estado. Según Dueñas, en el acto estuvo presente el ex embajador Goldberg.

El 19 de marzo pasado, trece ex embajadores y ex funcionarios del Departamento de Estado dejaron una carta en esa oficina. En ella recomendaron a Condoleezza Rice, secretaria de Estado, que pidiera a un juez federal la desestimación de una demanda civil interpuesta contra Sánchez de Lozada por familiares de las víctimas, agrupadas en el Comité Impulsor del Juicio de responsabilidades a Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores.

“Como la acción penal en Bolivia estaba paralizada, decidimos iniciar una acción civil en EE.UU. para que al menos fueran juzgados en ese país Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín. Igualmente, esa carta hasta ahora no tuvo efecto porque el Departamento de Estado no intervino”, dijo a Páginai12 Rogelio Mayta, abogado del comité.

En la carta, difundida por la agencia EFE, alertaban a Rice sobre el intento de usar el sistema de Justicia federal “para litigios sobre asuntos políticos”. Y demostraron su preocupación por la política exterior de EE.UU., que “se verá perjudicada gravemente si se permite que este caso siga adelante”, evaluaron.

Firmaron John Maisto y Harriet Babbitt, ex embajadores de EE.UU. ante la Organización de Estados Americanos (OEA); Arturo Valenzuela, ex subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Latinoamericanos y actual director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. También suscribieron los ex secretarios de Estado adjuntos para Asuntos Latinoamericanos Jeffrey Davidow, Otto Reich, Peter Romero, Alexander Watson y Roger Noriega. No faltaron los ex embajadores en Bolivia David Greenlee, Edwin Corr, Robert Gelbard, Curtis Kamman y Manuel Rocha. Este último emplea en su buffet de abogados a Sánchez Berzaín, quien figura en EE.UU. como “refugiado político” del gobierno de Morales.

“Es indignante y oprobioso que tomen partido de esa forma. En su carta llegan a sostener que las víctimas atacaron a las Fuerzas Armadas y que no existió violación de derechos humanos. Ya sabíamos que entre ellos son amigos, los acompañan a las audiencias y los juicios. Pero sorprende que lleguen a este extremo de tráfico de influencias”, consideró Mayta.

Para el representante del comité, el pedido de extradición “es una pena porque llega después de cinco años. Que el Estado boliviano haya tardado tanto tiempo sólo para realizar ese trámite nos deja un gusto muy agrio. Ya van tres años de gobierno de Evo y el proceso sigue detenido. Por eso me parece muy desvergonzado que los acusados de genocidio digan desde Miami que aquí sufren “persecución política” cuando todas las estructuras estatales parecen dispuestas a defenderlos.

Morales sueña con la intervención inmediata de Obama. Pero Mayta vive en tiempos judiciales. “Calculamos que pasarán cuatro años hasta que la Justicia de EE.UU. tome una determinación. Hemos pedido al gobierno de EE.UU. que –si no conceden la extradición– sean claros y digan por qué no lo van a hacer. Es lo mínimo que merecen las 67 víctimas.”