Desde México, D. F.

La defensa del petróleo en México contra los apetitos privatizadores del oficialismo y sus aliados en la oposición no era una exageración de la izquierda encabezada por Andrés Manuel López Obrador: el 70 por ciento de las actividades que constitucionalmente son responsabilidad de Petróleos Mexicanos (Pemex) en las áreas de exploración y producción ya es realizado por empresas privadas, confesó la secretaria de Energía, Georgina Kessel. Esto es precisamente lo que intentaba evitar que se legalizara el movimiento en defensa del petróleo dirigido por el ex candidato presidencial que sostiene haber sido despojado del triunfo mediante el fraude electoral en 2006.

El lunes pasado, durante su intervención en el foro México Cumbre de Negocios, realizado en Monterrey, la secretaria de Energía de la administración de Felipe Calderón celebró que la reciente reforma al sector energético permitirá ordenar una práctica de contratación de empresas privadas “que ya se realiza hoy”, además de asegurar “incentivos” para los contratistas. Buena parte de esos negocios ya están en manos fundamentalmente de las trasnacionales Halliburton y Schulemberger.

Para el Frente Amplio Progresista, la alianza partidista que respalda a López Obrador, la confesión de Kessel sólo corrobora las advertencias sobre el avance privatizador de Pemex y que la reforma calderonista –aprobada por la mayoría de PRI, PAN, PVEM y los legisladores del PRD que se apropiaron de ese partido– “es la llave para entregar lo que resta de Petróleos Mexicanos a empresas privadas”.

El presidente interino del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo –quien sumó los votos de sus legisladores para pasar la reforma, mientras los que apoyan a López Obrador tomaron la tribuna de la Cámara de Diputados como último intento de impedir la votación–, minimizó las revelaciones de Kessel: “Se fue de la boca”, aseguró Acosta, “sus palabras fueron para agradar a los empresarios”.

El senador perredista Graco Ramírez, quien impulsó las negociaciones de su partido para aprobar la reforma petrolera, también matizó: “Eso es lo que la secretaria y Felipe Calderón desean, pero la realidad es otra”. Lo mismo dijo el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, quien consideró desafortunadas las declaraciones de la funcionaria y agregó que sus dichos están en “su imaginario, pero de ninguna manera en la Constitución”.

Sin embargo, uno de los pocos priistas que votaron en contra de la reforma petrolera, el diputado José Murat, señaló que la secretaria de Energía hizo “una confesión poco ética” y confirmó que la intención original de la administración calderonista era legalizar los contratos a empresas privadas, otorgados de manera ilegal desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

Esta percepción se extiende a muchos sectores del país. De hecho, el diario La Jornada editorializó: “Tal aserto representa una confesión de ilegalidad, un reconocimiento de que la reforma petrolera recientemente aprobada, y aún no promulgada, simplemente busca regularizar una práctica ilícita, y una admisión de que el laberíntico proceso que condujo a su aprobación ha sido una simulación y una impostura del gobierno federal y de sus aliados en el Congreso”.

Por ello, no fue gratuito que Andrés Manuel López Obrador encabezara la tarde del martes un mítin frente a las instalaciones de Televisa, la empresa que recibió la mayor parte de los 260 millones de pesos que gastó la administración federal en una campaña de propaganda para convencer a la población de la necesidad de apoyar la reforma petrolera de Calderón.

López Obrador reclamó a la mayor televisora privada del país “respeto y espacio” para el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, que sistemáticamente es ignorado en sus noticieros, excepto para anatemizarlo. “Entiendan que a nadie le conviene seguir manteniendo el actual régimen político de corrupción y privilegios que, como está suficientemente demostrado, no sólo propicia la desigualdad económica y social, sino que es el principal causante de la violencia y lo que impide la gobernabilidad democrática”, dijo el dirigente izquierdista frente a varios miles de seguidores a las puertas de Televisa. Obrador acusó a la cadena de ser “la principal administradora de la ignorancia” y “la fábrica más grande de producción de mentiras”.

La Jornada también habló de trampas y simulación. “Queda en el aire, tras las declaraciones de la titular de la Sener, una sensación de trampa, de simulación, de tomadura de pelo, como lo fue, desde un principio, el aserto gubernamental de que las iniciativas inicialmente ensayadas no eran privatizadoras”, señaló su editorial.