Desde Madrid

Seis meses después de que España autorizara las escalas de aviones militares de Estados Unidos hacia Guantánamo, una delegación de policías españoles se presentó en la base cubana. La visita de julio de 2002 tuvo por objetivo hablar con los dos prisioneros que habían dicho ser españoles: Lahcen Ikassrien, que resultó ser de Alhucemas (islas situadas entre España y Marruecos, de soberanía española), y Hamed Abderrahaman Ahmed, natural de Ceuta.

Pero, ya que estaban allí, interrogaron a otros once recluidos, entre los que había ciudadanos marroquíes, sirios, argelinos, tunecinos, saudíes, palestinos e incluso un danés (Abderahman Hadj). Las “entrevistas” se realizaron durante cuatro días, pero sólo se conocieron las de Ikassrien, Abderrahaman y Abdulrahim Abdelrazak Yanko, un sirio que en Afganistán recibió el apodo de Abu Dujana. Los atentados del 11-M de 2004 en Madrid, que causaron casi 200 muertos por la colocación de bombas en varios trenes de cercanías, fueron reivindicados por un supuesto portavoz de Al Qaida que se hacía llamar Abu Dujana al Afgani.

Ikassrien declaró que, en ocasiones, en Guantánamo le daban para beber “agua de mar”, que su celda era de dos por dos metros cuadrados y que sólo lo dejaban pasear “durante un cuarto de hora cada tres días”, tras lo cual también se podía duchar. El llamado talibán español, por su lado, se mostró “resignado” a quedarse recluido en Guantánamo “hasta que las autoridades norteamericanas supieran qué hacer con él” y pidió que el gobierno español intercediera por él. El 11 de febrero de 2004, el español se convirtió en el primer prisionero liberado de Guantánamo a petición de un gobierno.

Las violaciones a los derechos humanos en Guantánamo atrajeron la atención de los españoles este año después de que se confirmara que el anterior gobierno de José María Aznar había acordado con su par y amigo George Bush el uso de los aeropuertos españoles para los aviones secretos de la CIA, que transportaban prisioneros ilegales de todo el mundo a la prisión estadounidense en la base militar de Guantánamo, y pudieran hacer escala en España.

En una actitud sorprendente, el canciller español, Miguel Angel Moratinos, defendió ayer el accionar de Aznar ante el Congreso. El funcionario dio a entender que la decisión de Aznar de autorizar a la CIA a realizar escalas en los aeropuertos españoles estuvo justificada, pues se enmarcó “en el apoyo a la Operación Libertad Duradera, tras los atentados del 11 de septiembre de 2001”. “Dicho apoyo se fundamenta en la Resolución 1386 de Naciones Unidas”, agregó, reafirmando que la decisión de Aznar había sido legal. No obstante, no dijo que ni una ni otra resolución permitían, lógicamente, violaciones a los derechos humanos como las que hubo en Guantánamo.

El propio ministro recordó que, ya en septiembre de 2001, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, había declarado a los talibán y sospechosos de pertenecer a Al Qaida de “combatientes ilegales”, privándolos del amparo de la Convención de Ginebra, lo que levantó fuertes críticas en Europa, y que las dudas sobre la legalidad de sus métodos, en el seno de la Administración de Estados Unidos, lo llevaron a sustituir los aviones militares por los vuelos de la CIA para trasladar presos.

Pese a ello, insistió, “lo relevante para esta comparecencia” es que “el gobierno del presidente Aznar autorizó las escalas en el marco de una decisión colectiva” de la OTAN. Tuvo que ser la portavoz socialista, Elena Valenciano, quien recordara, para enfado de Arístegui, que “fue una suerte que no se produjera ninguna escala ilegal en España, porque la carta blanca estaba dada”.

* De El País de España. Especial para Página/12.