La cara visible de la lucha de los cocaleros de Chapare, el diputado socialista Evo Morales, fue expulsada ayer del Congreso boliviano por decisión mayoritaria de la Cámara de Diputados que lo acusó de haber abusado de su inmunidad parlamentaria e incitado a la violencia en Cochabamba. Esa zona fue escenario la semana pasada de enfrentamientos entre productores de coca –que se oponen al plan del gobierno de erradicación de cultivos– y las fuerzas del orden. Morales podría quedar detenido bajo la presunción de haber ordenado la muerte de tres militares y un policía, parte del saldo de dicha jornada. Los fieles a Morales amenazaron con cortes de ruta en repudio a su expulsión y el gobierno prohibió toda movilización. Morales dijo estar “dispuesto a morir” por los indígenas y aseguró que si algo le pasara “será responsabilidad del gobierno” de Jorge Quiroga.
“Si Evo Morales tiene que ir a la cárcel por defender a sus compañeros, iré orgulloso; si debe ir al cementerio, como afirman muchas amenazas de muerte, no tengo ningún problema”, declaró el ahora ex diputado, tras su expulsión definitiva del Congreso. Tras el desafuero, Morales se sometió a una huelga de hambre y dijo que se sentía “orgulloso” de haber sido expulsado de un parlamento al que describió como “primera mafia del Estado” e integrado por “una clase política corrupta y decadente”. La expulsión del líder indígena tuvo origen en una denuncia presentada por familiares de un militar y un policía secuestrados y asesinados el viernes en Sacaba. Según informó El Diario, periódico de Bolivia, la principal guerrilla colombiana, las FARC, habría entrenado a un comando de campesinos del Chapare y donado un millón de dólares a Evo Morales. Las repercusiones sobre la expulsión de Morales se hicieron oír: dirigentes campesinos como Felipe Quispe, Alejo Véliz y Luis Cutipa anunciaron manifestaciones en protesta por el desafuero de su representante.