La Fiscalía General de Venezuela solicitó ayer el encarcelamiento por enriquecimiento ilícito de Manuel Rosales, principal líder opositor y alcalde de la ciudad de Maracaibo. La acusación sobre Rosales surgió a partir de una investigación de la Contraloría General sobre los ingresos del ex gobernador del estado de Zulia. Según el informe, tras el estudio de su declaración jurada de bienes se habrían registrado fondos que éste no pudo justificar.

El Ministerio Público presentó un total de 26 piezas de evidencia judicial en las que se demostraría que el alcalde de Maracaibo (oeste), segunda ciudad del país, habría cometido este delito entre 2002 y 2004, cuando era gobernador, según informó la fiscal Katiuska Plaza.

Pero además trascendió que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (Congreso) presentó un informe que establece responsabilidad política de Rosales por evasión fiscal, relacionada con una lotería, por un monto de casi 9000 dólares.

La fiscal Plaza solicitó a la Justicia que el acusado quede detenido en prisión preventiva, lo que se decidirá en una audiencia preliminar entre las partes que se celebrará en un plazo de entre diez y veinte días. “La medida de prisión preventiva está solicitada a partir de la presunción del peligro de fuga por parte del acusado, pero va a ser una cuestión dilucidada en la audiencia preliminar. Es una solicitud del Ministerio Público y el tribunal decide acordarla o no”, explicó Plaza.

El ex gobernador ya había sido imputado en diciembre del año pasado. En esa oportunidad, el ahora alcalde de la ciudad de Maracaibo se acogió a beneficios constitucionales derivados de su cargo.

Rosales reaccionó de inmediato y acusó al presidente Hugo Chávez de estar detrás de la medida, advirtiendo que enfrentará los cargos.

“No es la Fiscalía, ésta es una orden de Chávez. Desde el año pasado he insistido en este tema porque en Venezuela no funcionan los poderes. Chávez es un cobarde que se amarra a los pantalones de los militares y manipula los organismos del Estado. Uno se siente impotente ante el uso de los poderes”, denunció Rosales, quien se enfrentó sin éxito al mandatario venezolano en las elecciones generales de 2006.

Pero según Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional, la medida confirma los resultados de la investigación. “Aquí llevamos adelante una investigación donde se estableció la responsabilidad del señor Rosales y otros personeros de esa gobernación por aquel entonces y, en consecuencia, se estableció un amplio informe. En este país, los que cometen delitos de cuello blanco tienen que pagar, no importa la clase social a la que pertenezcan”, remarcó.

Asimismo, la legisladora Flores rechazó de plano lo que según ella es una victimización por parte de Rosales. “Este señor no es ningún perseguido político. Es un ciudadano común que cometió un delito y por tanto tiene que pagar”, puntualizó.