Desde Santa Cruz

Los responsables por la masacre de 70 personas durante la llamada Guerra del Gas, en octubre de 2003, están lejos de enfrentar a la Justicia boliviana. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados evaluó que en la demora influiría el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Fernández. Por eso se le inició una investigación que podría concluir con su destitución. La imputación de “retardación de justicia” no sólo se refiere a este caso sino a los procesos contra Tonchi Marinkovic, ex ministro de Salud, y Luis Alberto Valle, ex prefecto de La Paz, acusados de “conductas antieconómicas”, es decir corrupción. El ministro de Defensa, Walker San Miguel, dijo en nombre del gobierno que “huele a podrido en la Corte Suprema. Todos los miembros deben irse, están ligados a los masones y a los partidos políticos tradicionales”.

Los diputados tienen tres meses para investigar si el presidente de la Suprema cometió o no un delito. Con este resultado, el pleno de la cámara –con mayoría del oficialista Movimiento Al Socialismo– decidirá si es conveniente iniciarle juicio a Fernández. Recién entonces podrían alejarlo de su cargo. El Senado, con mayoría opositora, sería el tribunal.

El gobierno de Evo Morales no tiene elogios para el presidente del máximo tribunal. “Estamos ante un magistrado indigno de su cargo. Incluso yo le sugerí que renuncie. Hay que procesarlo y debe estar en algún momento en la cárcel porque es el autor de la retardación de justicia”, dijo ayer San Miguel.

La Comisión de Constitución respondió así a una denuncia formulada por Rogelio Mayta, abogado de las víctimas de octubre de 2003, y Edgar Patana, que sigue los casos contra Marinkovic y Valle. Ambos acusan a Fernández de no haber cumplido con las normas pertinentes para desarrollar los juicios por responsabilidades contra los ex miembros del Ejecutivo. Según Mayta, las dilaciones de la Corte Suprema pueden llevar a que nunca sean juzgados Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente hasta octubre de 2003, y varios de sus ministros vinculados con la represión de las fuerzas armadas.

“Voy a dejar que los políticos opinen, pero pareciera que todo estuviera calculado”, dijo Fernández en conferencia de prensa. Los diputados sostuvieron que en los próximos días lo llamarán a declarar. Allí dará su justificación por los cinco años de vacaciones que llevan Sánchez de Lozada y algunos de sus ministros en Miami, Estados Unidos. “Hasta ahora hemos venido realizando los procedimientos preparatorios, notificando a los querellantes. Por tanto no hay retardación de justicia, porque no sólo tenemos tres juicios de responsabilidad, sino miles de procesos y todos merecen un trato igualitario”, dijo el presidente de la corte.

Mayta, uno de los denunciantes de Fernández, dijo a Página/12 que “hay un paralelismo entre los discursos de Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Bersaín (su ministro de Defensa) y Eddy Fernández. Los tres se dicen perseguidos políticos del gobierno. Se inventan un enemigo a su medida –el presidente Morales, que no es parte del proceso– para evadir sus responsabilidades en los hechos. Se dicen perseguidos del gobierno, cuando en realidad los persiguen sus víctimas”.

Según la oposición, Morales pretende descabezar a la Corte Suprema para que no se puedan investigar los actos de corrupción que últimamente se descubren en su gobierno. Y aseguran que busca beneficiar a Sánchez de Lozada, cuyo juicio seguiría sin despegar. Si no estuviera Fernández, este tribunal todavía podría administrar procesos ordinarios con conjueces. Pero sería incapaz de nombrar nuevos jueces, como tampoco podría seguir un juicio por responsabilidades.

El Congreso discute la ley transitoria electoral, que regulará los comicios generales del 6 de diciembre. El proyecto del gobierno ya fue aprobado en Diputados, pero tiene resistencias en Senadores. Si hasta el 31 de marzo no se aprueba, Morales podría ponerla en vigencia por decreto.