El Estado uruguayo anunció que se reconocerá como único responsable de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura (1973-1985) e indemnizará a sus víctimas a través de una ley.

Según fuentes gubernamentales citadas por el diario uruguayo La República, el gobierno impulsará la llamada Ley de Reparación Integral. Esa ley ofrecerá, en consonancia con lo dispuesto por las Naciones Unidas, una indemnización completa a las víctimas del terrorismo de Estado.

Según el texto del proyecto, las víctimas recibirán, en primer lugar, un resarcimiento económico. Asimismo, el Estado uruguayo brindará asistencia profesional tanto a las víctimas directamente afectadas por las violaciones a los derechos humanos como a sus familiares.

Pero además, la ley incluirá un capítulo especial a través del cual el Estado asumirá la completa responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad, pedirá perdón a las víctimas así como al conjunto de la sociedad y garantizará que en Uruguay nunca más se quebrará el orden democrático constitucional.

El gobierno del Frente Amplio (FA) confirmó que enviará el proyecto de ley al Parlamento antes de fines de abril. La fecha señalada es el deseo explícito del gobierno. De acuerdo al cronograma, la Ley de Reparación Histórica deberá ser discutida en primer lugar en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para luego ser sometida a la aprobación de ambas Cámaras.

Si los deseos del FA se cumplen, el texto recibiría su aprobación en el Senado el 20 de mayo.

Ese día, hace ahora 33 años, se produjo el secuestro y tortura en la ciudad de Buenos Aires y posterior asesinato en Uruguay de los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez, así como de los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw en el marco del Plan Cóndor, cuando las dictaduras del Cono Sur coordinaban sus esfuerzos represivos. Desde entonces, cada año, en Montevideo, se realiza una marcha silenciosa en reclamo de verdad y justicia.

No obstante, fuentes del gobierno citadas por La República admitieron que, de no ser posible obtener una sanción definitiva para ese entonces, la aspiración oficialista sería conseguir al menos media sanción.

Pero en Uruguay también existen otros frentes desde los cuales se busca hacer justicia en relación al terrorismo de Estado cometido durante la dictadura.

Una de las principales iniciativas es la campaña por la derogación de la Ley de Caducidad que amnistió a los militares durante la década del ’80. Coordinada por la principal central sindical del país, PIT-CNT, organismos de derechos humanos y sectores del FA, el objetivo es convocar a un plebiscito junto a las próximas elecciones presidenciales de octubre para derogar dicha ley.

Las firmas necesarias para ello ya fueron reunidas y habrá que esperar a que la Corte Electoral las valide dentro de unas semanas. Luego el pueblo uruguayo decidirá.

El espíritu de la futura ley de Reparación Integral fue tomado de una serie de normas aprobadas por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 2005 con el fin de que los Estados miembros establezcan en su derecho interno mecanismos eficaces para la ejecución de sentencias que obliguen a reparar daños, en especial aquellos producidos por violaciones a los derechos humanos, detallando todos los aspectos involucrados en el proceso de indemnización.

“Se debería dar a las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, una reparación plena y efectiva, en la forma de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”, señala el texto, que además destaca particularmente la necesidad por parte del Estado de prestar toda su ayuda en la búsqueda de las personas desaparecidas, la recuperación de sus cadáveres y la identificación de los mismos.

El texto reclama, además, que cada gobierno realice una declaración oficial o tome una decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima.

Algunos de estos objetivos ya no son realizables. Otros sí. En Uruguay, al menos, ya están en la mira del Gobierno. El Estado tratará de cumplirlos.