Al menos 300 civiles fueron ejecutados en Colombia el año pasado. Más de 200 fueron atacados por las guerrillas o los paramilitares, casi 300 desaparecieron y más de 80 familias tuvieron que abandonar sus casas y buscar refugio en las ciudades para escapar del fuego cruzado entre los grupos armados y las fuerzas armadas colombianas. Las cifras fueron difundidas esta semana por la misión de la Cruz Roja Internacional (CICR) en Bogotá. “Desgraciadamente demasiados civiles siguen siendo el blanco de los portadores de armas en Colombia”, advirtió Christophe Beney, jefe de la delegación.

Según relata el informe, durante 2008, miles de familias de las zonas rurales se vieron obligadas a abandonar su casa y todas sus pertenencias para salvar sus vidas. En la mayoría de los casos el gobierno no les provee ninguna asistencia o, en los casos en que sí lo hace, es insuficiente. Los que no se animan a escapar por las fronteras a Ecuador y Venezuela –zonas en pleno conflicto entre el ejército, los guerrilleros y los paramilitares– buscan sobrevivir en los suburbios más pobres de las grandes ciudades, como Bogotá, Medellín o Cali.

La vida en las barriadas no es fácil. No sólo deben insertarse en un contexto social totalmente desconocido, sin vínculos familiares ni amistades, sino que la discriminación es muy fuerte. Según las cifras de la ONG, cerca de un cuarto de los desplazados son miembros de las dos principales minorías étnicas del país, los indígenas y los descendientes de africanos. El mes pasado la mayor organización indígena del país lanzó una búsqueda para recuperar el cuerpo de ocho de sus miembros, que fueron ejecutados por las FARC.

“Dejé mi campo hace dos años, porque no quería cooperar con el grupo armado que controlaba nuestro pueblo”, contó Abelardo Antonio del departamento de Putumayo. En Nariño, a unos kilómetros de allí, la situación es igual según le relató Ignacia María a la ONG. “Diferentes grupos armados pasan por nuestra aldea; cuando algunos deciden quedarse una noche, nos da mucho miedo, y no sé qué hacer para proteger a mis hermanas”, explicó.

Además de denunciar la creciente violencia en Colombia, la Cruz Roja viene advirtiendo hace años el desamparo total en el que vive millones de desplazados. “Es preocupante también que el 50 por ciento de las personas que reciben ayuda del CICR son niños y adolescentes y que en el 20 por ciento de los hogares, el único sostén de la familia es la madre. Las mujeres y los niños son particularmente vulnerables a la explotación y a los abusos sexuales cuando se ven forzados al desplazamiento”, señaló el informe.

Dos de cada tres personas desplazadas que reciben ayuda del CICR aseguraron haber recibido amenazas de muerte, y una de cada diez fue amenazada de ser reclutada a la fuerza por uno de los grupos armados ilegales.