Desde México DF

El respeto a los derechos humanos de los mexicanos, tanto en su propio país como en Estados Unidos, tendrá que esperar. La lucha contra el narcotráfico –que ha sembrado de muerte a México y envenena a Estados Unidos– es más importante que evitar la tortura, las violaciones, las desapariciones y cualquier otro tipo de abusos cometidos por los militares que fueron lanzados a la calle desde diciembre de 2006 para enfrentar a los carteles de la droga. Lo mismo el respeto a los trabajadores que cruzan cada día la frontera sin papeles (ver recuadro).

La que sería una cumbre en la que la estabilidad política de Centroamérica sería un tema relevante quedó apenas en referencia. Manuel Zelaya mereció una alusión en el discurso de Obama, quien aseguró que Estados Unidos está comprometido a que pueda retornar el depuesto presidente de Honduras.

Calderón, Obama y Harper tuvieron ayer una rápida aparición ante la prensa, tras un encuentro entre los tres mandatarios, en el segundo día de la reunión anual de los jefes de Estado de México, Estados Unidos y Canadá. Sin mayores detalles, anunciaron acuerdos para una mayor cooperación en materia comercial, ambiental y de seguridad, así como la cooperación entre las tres naciones para combatir la pandemia de influenza A H1N1. Además, los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron lanzar una serie de iniciativas para modernizar la frontera entre ambos países y que se buscará la estandarización de regulaciones y certificaciones de productos de los tres países, para mejorar la competitividad de la región. Pero, de nuevo, el narco acaparó toda la atención.

Obama defendió enérgicamente a la administración de Calderón en su combate a las drogas, sin reparar en las constantes denuncias en contra de militares por violaciones a derechos humanos. “Los narcotraficantes son los mayores violadores de derechos humanos”, dijo Obama, parafraseando una de las excusas más frecuentes de Calderón para justificar la presencia de más de 50 mil soldados en las calles de decenas de ciudades mexicanas.

Apenas unos días antes, el Senado estadounidense prácticamente congeló 15 por ciento de los fondos del Plan Mérida al rechazar un intento del Departamento de Estado por aparentar que México cumple con estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Un evidentemente complacido Felipe Calderón sonreía al escuchar al presidente de Estados Unidos. Envalentonado, Calderón retó a quienes señalan a las fuerzas armadas por presuntos abusos en los operativos conjuntos de seguridad a que demuestren “aunque sea con un solo caso que estas garantías no se respetan o que no se ha castigado conforme a la ley cuando así ha ocurrido”.

Casi al mismo tiempo, en la Ciudad de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el amparo que promovió una mujer para que los militares que asesinaron a su esposo, en marzo de 2008, fueran juzgados por civiles y no por tribunales militares. Así, los elementos de las fuerzas armadas que cometan delitos que afecten a la población, como los relacionados con violaciones de derechos humanos, seguirán siendo juzgados por los tribunales militares.

Las violaciones a derechos humanos en México, atribuidas a militares destacados en el combate al narcotráfico, se han incrementado en un 800 por ciento en lo que va de la administración de Calderón, según han documentado académicos y organizaciones civiles.