Después de haber esquivado una condena expresa de la región en la última cumbre de la Unasur, Colombia anunció que firmará el nuevo acuerdo militar con Estados Unidos este fin de semana, a más tardar. “Ya acordamos en casi un 99 por ciento de los puntos”, aseguró, orgulloso, el comandante de las Fuerzas Armadas colombianas, Freddy Padilla, mientras hacía de guía a un grupo de legisladores en la base aérea de Palanquero. Según los analistas colombianos, ésa es la base que más interesa a Washington y, por eso, el gobierno norteamericano ya confirmó una partida de 46 millones de dólares para refaccionarla, según adelantó Padilla.

La base que visitaron ayer el comandante colombiano, un grupo de senadores, oficialistas y del opositor Partido Liberal, y el ministro de Defensa, Gabriel Silva, se encuentra 180 kilómetros al oeste de Bogotá, en el centro del país. Según señaló Padilla, les mostró las instalaciones que utilizarán los uniformados norteamericanos y les explicó cuáles serán las misiones que realizarán allí. “No se trata de ceder bases: la bandera y la soberanía en esas instalaciones seguirán siendo colombianas, los comandantes serán colombianos y las operaciones que se realizarán corresponden a los intereses de Colombia”, aseguró el máximo jefe de las fuerzas comandadas por Alvaro Uribe.

Los intereses de Colombia, según explicó Padilla ayer y el propio presidente Uribe durante su gira express por Sudamérica la semana pasada, son combatir el narcotráfico y el terrorismo, que en el vocabulario del gobierno colombiano se traduce en luchar contra las guerrillas de su país, principalmente las FARC y el ELN.

Con el nuevo acuerdo, el Pentágono podrá enviar al país andino aviones y embarcaciones, para ser desplegados en las siete bases que Uribe cederá a su principal socio militar. Tres son de la Fuerza Aérea: Palanquero (centro), Apiay (este) y Malambo (norte, costa caribeña); dos dependen del ejército colombiano: el fuerte Tres Esquinas (sur) y el de Tolemaida (centro), y las últimas dos son de la Marina: Cartagena (norte, costa caribeña) y Bahía Málaga (oeste, costa del Pacífico).

Según el Pentágono, en las siete bases se harán las mismas tareas de vigilancia y operativos conjuntos que venían realizando en la base de Manta, a kilómetros de la costa ecuatoriana del Pacífico. Hay varios puntos del acuerdo militar entre Bogotá y Washington que aún se desconocen: ¿se extenderá la financiación y la presencia de militares norteamericanos más allá de los números actuales del Plan Colombia? ¿Los soldados recién llegados tendrán inmunidad como sus compañeros que hace años luchan contra el narcotráfico y las guerrillas en Colombia?

El senador liberal Juan Manuel Galán, uno de los que recorrieron la base de Palanquero junto al comandante Padilla, ayer alertó sobre la ambigüedad del gobierno de Uribe sobre el tema de la inmunidad y pidió una respuesta concreta. Padilla, un militar que en los últimos años aprendió a moverse en la arena política nacional, le explicó que aún deben afinar los últimos detalles de la negociación. El comandante informó que a finales de esta semana viajará una comitiva para cerrar el acuerdo. “Una vez que se concluya la negociación, lo que queda es un trámite administrativo para poner en marcha el acuerdo”, señaló. La inmunidad sería parte de ese “trámite administrativo”, ya que debe ser autorizada por el Congreso nacional.

La confirmación de la fecha del acuerdo militar con Washington llegó el mismo día en que el gobierno ecuatoriano hizo un gesto para reconciliar la situación con Bogotá. Quito no mantiene relaciones diplomáticas con su vecino desde marzo del año pasado, cuando las fuerzas colombianas bombardearon territorio ecuatoriano para matar al entonces número dos de las FARC, Raúl Reyes.

“Creo que hay posibilidades de diálogo, pero lo importante es que haya, por favor, un renunciamiento a la tesis de nuestra supuesta complicidad con las FARC”, señaló el ministro de Defensa ecuatoriano, Javier Ponce. Tanto Quito como Caracas rechazaron la invitación colombiana a los norteamericanos para usar sus bases y la calificaron como una amenaza a sus soberanías. Uribe, una vez más, optó por ignorarlos y seguir con sus planes.