Un afiche con varios ciudadanos de distintas edades, ofreciendo flores rojas, encabeza una campaña lanzada ayer en Chile para conformar bancos genéticos que permitan identificar a las personas detenidas-desaparecidas y ejecutadas durante la última dictadura. Bajo el lema “Vives en nosotros. Te llevamos en la sangre”, la iniciativa busca reforzar la toma de muestras que el Servicio Médico Legal (SML) realiza desde el 2007 con familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Aunque el SML viene recolectando muestras de sangre para ayudar en las evaluaciones que ordenan los tribunales, aún existe un número significativo de chilenos que todavía no se acerca a realizar el trámite. La campaña, encabezada por el ministro de Justicia, Carlos Maldonado, la secretaria general del gobierno, Carolina Tohá, y el director del SML, Patricio Bustos, procura identificar restos óseos ya encontrados y también garantizar la identificación de los futuros hallazgos.

Los protagonistas son los propios familiares de las víctimas, que invitan a quienes aún no fueron localizados, dentro y fuera del país, para reunir alrededor de cuatro mil muestras de sangre que posibiliten la identificación de los restos humanos. A la fecha, el SML tomó dos mil muestras en Chile y en el extranjero.

Bustos explicó que los laboratorios internacionales a los que se enviaron las muestras óseas de víctimas y las muestras sanguíneas de familiares necesitan más elementos para comparar y conseguir una identificación certera. “Nos solicitaron ampliar el rango de parientes, que en muchos casos son imprescindibles para el análisis, y que hasta ahora no se logró ubicar”, señaló el funcionario.

“Aun con el desarrollo de la tecnología, la antropología y la genética, las ciencias forenses se ven complicadas por este tipo de actos”, agregó Bustos, quien recordó que en la mayoría de los casos los represores pinochetistas siguen negando las desapariciones y las ejecuciones, y continúan ocultando información crucial para reconstruir la verdad del terrorismo de Estado que golpeó a Chile durante casi dos décadas.

La campaña de difusión, instalada en medios escritos, televisión y radio, tiene como protagonistas a las varias organizaciones de familiares de detenidos-desaparecidos y ejecutados políticos, pero detrás de ellas se erige el apoyo contundente del gobierno de Michelle Bachelet, ella misma una víctima de la dictadura de Augusto Pinochet. El anterior gobierno chileno, de Ricardo Lagos, había lanzado una propuesta similar, pero sin incluir a los familiares de las víctimas. La iniciativa fracasó luego de que se descubriera que varios restos habían sido mal identificados y desde entonces los familiares reclaman ser parte del proceso.