Tardó ocho años y dos intentos, pero el chavismo consiguió aprobar esta semana una nueva ley nacional de educación. Lo hizo anteayer a la medianoche, mientras afuera del Congreso militantes chavistas en sus ya tradicionales remeras rojas se enfrentaban a opositores. Se repetían las escenas del año 2000, cuando Hugo Chávez intentó por primera vez pasar la reforma: otra vez hacían marchar al frente de la protesta a niños y adolescentes en guardapolvos blancos.

A pesar de los cuestionamientos en las calles y los medios opositores, el oficialismo venezolano no tuvo muchos problemas para aprobar con su amplia mayoría el proyecto, que dejó afuera de todo el sistema educativo a la Iglesia Católica e incluyó un artículo que prohíbe difundir a los medios cualquier mensaje que “incite odio” o “promueva el terror” entre los niños.

La oposición volvió a marchar ayer y reclamó un nuevo referéndum para ratificar la reforma. “Si el gobierno no cede, ¡desacato cívico ya!”, gritó el ex aliado de Chávez, el diputado Ismael García.

Como ya es usual, la oposición acusó al gobierno de utilizar la ley para “ideologizar” a la juventud. Para los críticos la prueba está en el primer punto de la ley.

“El Estado docente es la expresión rectora del Estado venezolano en la educación”, sostiene el texto. Como sucede en otros países como Argentina, la nueva ley venezolana establece que el Estado tiene derecho a dirigir y establecer los lineamientos generales de la educación de todo el país, pública y privada.

“En las instituciones educativas oficiales el Estado garantizará el talento humano, la infraestructura, la dotación, los planes, programas...y velará porque estas condiciones se cumplan en las instituciones privadas autorizadas”, dice la ley.

Aunque reconoce la autonomía preexistente de las universidades, la ley dice que está por encima de ella en el caso de la difusión de ideas y mensajes que, según entienda el Estado, atenten contra los valores y la moral establecida por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

“Queda prohibido en todas las instituciones educativas, oficiales y probadas, del país la difusión de ideas y doctrinas contrarias a la soberanía nacional y los valores consagrados en la Constitución.” Lo mismo advierte sobre la publicación de mensajes, publicidad y propaganda en ámbitos educativos que “atenten contra los valores, la paz, la moral, la ética y las buenas costumbres”.

Más adelante, la ley se sale de las instituciones educativas por unos párrafos, y se dedica a los medios. “Quienes dirigen los medios de comunicación social están obligados a prestar su cooperación a la tarea educativa y ajustar su programación para el logro de los fines y objetivos consagrados en la Constitución. Se prohíbe la publicación y divulgación de impresos u otras formas de comunicación social que produzcan terror en los niños, inciten al odio, a la agresividad, la indisciplina”, establece la norma.

“Si esto sucediera, los órganos rectores en materia de educación solicitarán a la autoridad correspondiente la suspensión inmediata de las actividades o publicaciones de que se trate, sin perjuicio de las sanciones contenidas en el ordenamiento jurídico venezolano”.

Ese fue el punto más cuestionado de la ley ya que la decisión de las interpretaciones de los mensajes y la información descansarán en decisiones subjetivas de los funcionarios de turno. El jueves, cientos de periodistas se concentraron frente al Congreso para denunciar lo que consideraban una amenaza a la libertad de expresión. Doce de ellos fueron fuertemente reprimidos por la policía.

Al otro sector social que irritó la ley fue a la Iglesia Católica. El jueves, mientras los diputados se preparaban para votar, el arzobispado de Caracas difundió un comunicado, en el que pedía dos semanas más para discutir la posibilidad de incluir la educación religiosa, tanto en escuelas públicas como privadas.

La respuesta de los legisladores fue un no rotundo. “Las familias tienen el derecho y la responsabilidad de la educación religiosa de sus hijos e hijas de acuerdo con sus convicciones y de conformidad con la libertad religiosa y de culto, prevista en la Constitución”, consignaron los legisladores venezolanos en el artículo seis.

Ayer en las calles de Caracas la oposición antichavista prometió no rendirse y echó mano a un recurso que en el pasado le resultó exitoso: convocar un referéndum para ratificar la ley. La última vez que Chávez se enfrentó a una consulta popular, para aprobar una Constitución, perdió por poco, pero perdió. Esa vez, como ahora, el movimiento lo lideraban los jóvenes estudiantes y los universitarios.