Así parece ser la historia de Hugo Chávez en el poder, de un año a esta parte y con intento golpista en su contra incluido: cualquier conflicto político siempre termina en enfrentamientos en las calles entre chavistas y antichavistas. Esta vez se trató de la marcha contra la intervención del gobierno sobre la Policía Metropolitana (PM), en manos del opositor alcalde de Caracas Alfredo Peña. Un grupo de 200 alcaldes y gobernadores se reunieron en Plaza Altamira, donde permanece una decena de militares en rebelión contra Chávez, y marcharon al Congreso para pedirle a través de un documento que se levante esta intervención. Y allí, frente al Congreso, chavistas y antichavistas se enfrentaron a golpes y empujones y fueron dispersados con gases lacrimógenos, no por la policía sino por los militares que ejercen funciones de policía.
La escena era bastante extraña. El alcalde de Caracas debió entrar al Congreso custodiado por militares porque los chavistas lo estaban esperando, y no para decirle cosas bonitas. A su vez, otros militares trataban de contener a este grupo, que a su vez se enfrentaba con otro grupo opositor al gobierno. Cuando Peña y otros alcaldes y gobernadores estaban dentro del recinto parlamentario, los soldados tuvieron que lanzar gases lacrimógenos durante varios minutos porque los enfrentamientos podían pasar a mayores. “Es insólito que la primera autoridad civil y política del distrito metropolitano tenga que ser custodiada por soldados para poder entrar al Parlamento. Esto no se ve en ningún país del mundo”, señaló Peña. Luego entregó el documento que exige el fin de la intervención de su Policía Metropolitana (PM) y pidió una declaración legislativa sobre la “violación” de su autoridad y el “golpe de Estado” contra un poder autónomo. Los alcaldes y gobernadores que lo acompañaban denunciaron lo que interpretan como una violación de autonomía.
El presidente, en cambio, interpreta que Peña y la oposición utilizan a la PM para lanzar represiones sobre las manifestaciones y crear caos, como dice que ocurrió el 11 de abril con la masacre que antecedió al intento golpista. Por una cuestión puntual como un conflicto gremial que afectaba a parte de la PM y que no tenía visos de solución, el gobierno procedió a su intervención. “La intervención de la policía es válida y es legal, y será temporal. Se ha hecho de manera impecable, sin atropellos”, remarcó Chávez. El Congreso, de mayoría chavista, se comprometió a estudiar el documento. Pero del referéndum consultivo para que se vaya Chávez, que es el verdadero fondo de la cuestión para la oposición, ni hablar.