Desde Lima

El ex presidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000) se declaró culpable de haber sobornado a congresistas y medios de comunicación para que respaldaran su régimen, y de haber montado durante su gobierno una red de espionaje telefónico para interceptar las conversaciones de sus opositores, entre ellos el ex secretario general de las Naciones Unidas Javier Pérez de Cuellar, quien fue candidato presidencial en 1995, el novelista Mario Vargas Llosa, periodistas y políticos. El espionaje telefónico también incluyó a la ex esposa de Fujimori, Susana Higuchi. Todos ellos habían sido citados como testigos en este juicio. Con un lacónico “estoy conforme”, Fujimori aceptó, ante el tribunal que lo juzga, todos los cargos de la fiscalía, que pidió ocho años de prisión por los delitos de peculado, cohecho activo y violación de las comunicaciones, y una reparación civil de ocho millones de soles (2,7 millones de dólares). Con esta confesión de Fujimori, ya no habrá juicio. La sentencia se dictará mañana.

Fujimori, de 71 años, ya ha sido condenado a 25 años de prisión por los asesinatos de 25 personas cometidos por un escuadrón de la muerte del ejército que operó durante su gobierno y por el secuestro de un periodista y un empresario; a siete años y medio por entregarle 15 millones de dólares del tesoro público a su brazo derecho Vladimiro Montesinos, cargo del que también se declaró culpable, y a seis años por el allanamiento ilegal de la casa de Montesinos para apoderarse de pruebas comprometedoras en su contra. En el Perú las penas no se acumulan, por lo que Fujimori deberá cumplir solamente la mayor de las condenas en su contra.

Con esta admisión de su culpa en los delitos de pago de sobornos y espionaje telefónico, Fujimori queda muy mal parado, pero evita el daño mayor de un proceso público en el cual las pruebas en su contra son contundentes y en el que se exhibirían con lujo de detalles los manejos corruptos de su gobierno. Con su confesión que corta el juicio, Fujimori frustra el desfile de testigos que iban a declarar sobre el uso ilegal de fondos públicos durante su gobierno, lo que amenazaba comprometer a su hija, Keiko Fujimori, quien aspira a la presidencia en las elecciones de 2011, que ha sido acusada de beneficiarse con dinero salido de los mismos fondos secretos que sirvieron para financiar el pago de sobornos a parlamentarios y medios de comunicación.

Vladimiro Montesinos, el hombre responsable de los trabajos sucios durante el fujimorismo, fue el encargado de pagar los sobornos a los medios de comunicación para que apoyaran al gobierno y a trece congresistas opositores para que en el 2000 se pasaran al oficialismo. Montesinos ha declarado que actuó por órdenes de Fujimori y que el dinero para el pago de sobornos salió de los fondos desviados de las Fuerzas Armadas. Y también ha declarado ante la fiscalía que de esas mismas partidas salieron los recursos para pagar los estudios de Keiko Fujimori y sus tres hermanos en Estados Unidos. Lo gastado en los estudios de los cuatro hijos de Fujimori, su estadía en Estados Unidos y sus frecuentes viajes a Lima, ascendería, según la fiscalía, a un millón 200 mil dólares.

Keiko Fujimori, que es investigada por la fiscalía por este tema, ha dicho que sus estudios se pagaron con ahorros de su familia, pero las cifras no le cuadran y sus explicaciones han dejado muchas dudas. El juicio contra su padre, en el que se iba a examinar el destino de los fondos secretos ilegales, que, según confesión de Montesinos, sirvieron para financiar los estudios de Keiko en Boston, se había convertido en una amenaza contra ella y sus aspiraciones presidenciales. Con su confesión, su padre le evita ese riesgo. Con una condena a 25 años, el ex dictador peruano cifra sus esperanzas de salir en libertad en un indulto presidencial, algo que su hija ya ha anunciado en caso de que gane las elecciones en 2011. Y evitando el juicio, Fujimori también se protege a sí mismo de revelaciones que puedan hundirlo aún más.