La trama de corrupción al interior del conservador Partido Popular (PP) español ya comenzó a afectar sus chances electorales. Más aún, Mariano Rajoy, su presidente, es uno de los principales perjudicados, con menos posibilidades que antes de llegar a La Moncloa. Esas son las conclusiones de un sondeo divulgado ayer en el diario español El País. “Existe un deterioro de la confianza en Mariano Rajoy y una erosión de sus posibilidades electorales para las próximas elecciones legislativas de 2012”, señala el informe.

El sondeo, realizado por la consultora Metroscopia, sostiene que el 73 por ciento de los consultados estima que el llamado “caso Gürtel” –que revela una red de corrupción al interior del PP orquestada a través de sus diferentes gobiernos regionales y municipales– pesará negativamente en las posibilidades de Rajoy de ganar las próximas elecciones legislativas del 2012. Más grave para los conservadores, el 72 por ciento de sus votantes también lo ve así y califica al asunto de “muy grave”.

El impacto negativo de la causa judicial sobre los populares es aún mayor si se lo mide en términos de apoyos electorales y tiempo invertido para conseguirlos. Por primera vez desde que asumió el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2004 –que se encuentra en su segundo período al frente del país–, el PP había logrado este año sacar tres puntos de ventaja sobre el gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), colocándose por encima de su histórico rival, con un 41,8 por ciento frente a un 38 por ciento para los socialistas.

En tan sólo una semana, el PP no sólo perdió medio punto de ventaja, sino que, además, por primera vez desde el inicio de la crisis económica, el apoyo de los españoles al gobierno de Zapatero dejó de caer y subió un punto, situándose en un 39 por ciento.

La investigación del caso Gürtel fue iniciada el pasado mes de febrero por el juez español Baltasar Garzón. En un comienzo, el juez empezó a analizar diversos regalos y comisiones recibidas por responsables de los gobiernos regionales del PP de Madrid (centro) y Valencia (este) por parte de una red de empresas a cambio de contratos millonarios para la organización de todos los eventos y mitines políticos del partido en épocas en que gobernaba José María Aznar.

El pasado 28 de septiembre, el Tribunal Supremo de Madrid decidió levantar el secreto de sumario sobre unos 17 mil folios de la causa y entonces el asunto cobró dimensiones mayores: de coimas regionales –con especial énfasis en la comunidad valenciana– comenzó a hablarse de todo un sistema de financiamiento ilegal del PP a nivel nacional.

Como respuesta al escándalo, Rajoy prometió el pasado jueves la elaboración de un código de buena conducta para los miembros de su partido. El presidente del PP tomó esta decisión un día después de la renuncia forzada de Ricardo Costa, secretario general del PP para la región de Valencia y uno de los políticos más complicados por recibir varios regalos de la empresa Orange Market. La salida de Costa, por demás, implicó, según la prensa local, “una crisis de autoridad” para Rajoy: el presidente del PP le ordenó a Costa que renunciara, pero no acató la orden, se negó y tuvo que ser expulsado.

Pero si Rajoy le quitó su apoyo a Costa, no así a Francisco Camps, presidente en funciones de esa comunidad autónoma cuyo nombre también aparece mencionado en la causa. Camps es uno de los principales sostenes de Rajoy.

Según la encuesta, hace dos semanas el 54 por ciento de los votantes del PP pensaba que su partido ganaría las próximas elecciones. Ese número se redujo actualmente a un 45 por ciento. A su vez, un 42 por ciento de los electores conservadores pide adelantar las elecciones regionales en la Comunidad Valenciana y un 40 por ciento cree que su presidente, Camps, debería renunciar.