A menos de veinticuatro horas de haber descartado un golpe de Estado, el presidente paraguayo, Fernando Lugo, sorprendió al descabezar las tres ramas de las fuerzas armadas. Removió a los jefes del ejército, la armada y la fuerza aérea, pero no al comandante de las fuerzas militares, la máxima autoridad castrense del país. No hubo anuncio oficial ni explicación; apenas un comunicado de los propios militares indicando los nombres de los reemplazantes y que tomarán posesión hoy por la mañana. En apariencia, nada tenía que ver con la crisis política que vive el país hace tres semanas y los crecientes rumores sobre una intentona para derrocar al presidente Lugo. Pero hacía sólo un día que el ex obispo había, por primera vez, reconocido que había oficiales que estaban coqueteando con la oposición y viceversa. “Podrían existir pequeños bolsones (grupos) que tendrían relación o podrían ser utilizados por la clase política”, había advertido, como al pasar.

No es la primera vez que Lugo descabeza a las fuerzas armadas y pone al frente gente de su confianza. Pero ayer la medida, sorpresiva y hermética, alimentó aún más los rumores de desestabilización contra su gobierno, el primero de base progresista después de seis décadas de dominación absoluta del conservador Partido Colorado. En las últimas tres semanas, el ex obispo tuvo que enfrentar las amenazas del nacimiento de una milicia ganadera, de un juicio político y un golpe apoyado por los fusiles de los militares. En medio de esa tensión, los medios locales descubrieron que el gobierno estaba por comprar unas tierras sobrevaluadas en nombre de la aún embrionaria reforma agraria.

Desde su asunción, Lugo venía convocando a una reconciliación nacional y se negaba a patear el tablero, a pesar de las constantes trabas que le imponían la oposición, la burocracia nacida al amparo de los sucesivos gobiernos colorados y hasta su propio vicepresidente, Federico Franco, y su partido, el Liberal. En su año de gobierno no pudo avanzar en ninguna reforma profunda, ni social, ni económica, ni política. Sin embargo, hace tres semanas el enfrentamiento dejó de ser una sensación y se convirtió en una guerra abierta. La razón, al menos discursiva, fue el secuestro de un ganadero rico, Fidel Zavala.

Durante la noche del jueves 17 de octubre, un grupo de hombres armados irrumpió en la estancia de los Zavala en el norte del país, justo cuando estaban por cenar. No dijeron mucho, excepto que si querían ver de nuevo al empresario rural de 45 años deberían pagar un rescate de cinco millones de dólares, una cifra descomunal en comparación a los anteriores secuestros en la zona. Nadie se adjudicó el ataque, pero la oposición, los medios y la Asociación Rural paraguaya se apuraron a cargar las tintas contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), una supuesta guerrilla de base campesina y de no más de veinticinco integrantes que el año pasado se convirtió en el cuco mediático de la derecha tras robar las armas de un pequeño destacamento militar.

“Yo no puedo decir si la guerrilla existe o no, pero sí sé que siempre la utilizan como pretexto para descabezar al movimiento campesino y deslegitimar nuestra lucha por la tierra”, explicó vía telefónica Pablo Caballero, uno de los dirigentes campesinos del departamento de San Pedro, cuna política del presidente Lugo.

Esta vez la supuesta amenaza de la guerrilla no tenía como objetivo a los líderes campesinos, sino a su principal aliado en el poder, Lugo. “Todos sabemos que este gobierno no solamente los apaña, los ayuda, les da dinero y alimentos. Hace ojos ciegos ante el avance de la guerrilla, en vez de ordenar en un minuto la salida de las tropas a la zona, para cerrar con pinzas de fuego y capturar a estos bandidos y ejecutarlos”, escribió el ganadero de origen chileno Eduardo Avilés (ver recuadro), en un e-mail que envió a sus colegas y luego fue publicado en los diarios locales.

Su correo electrónico llamaba a armarse para “combatir a estos comunistas hijos de puta”, una propuesta que no recibió respaldo oficial de otros ganaderos, pero tampoco repudio. La Iglesia Católica aseguró que “aún confía en el proceso democrático” iniciado con Lugo y la oposición más extrema, entre ellos el Partido Colorado del general golpista Lino Oviedo, acusó al ex obispo de promocionar la lucha de clases.

La Asociación Rural, versión paraguaya de la Sociedad Rural, fue aún más clara. “La violencia no es buena, pero qué otra cosa podemos hacer”, advirtió el ex presidente de la institución, Alberto Soljancic. En la actual conducción piensan más o menos igual. La culpa de la violencia, los secuestros y hasta el retraso económico del país es de los campesinos.

“Las organizaciones campesinas son los que nos arman los conflictos. El gobierno debería dejar de invitar a la mesa de diálogo a esos creadores de conflicto, porque en la práctica no quieren una solución, una verdadera reforma agraria”, aseguró a este diario el vicepresidente de la Asociación Rural, Germán Ruiz Aveiro. Según el dirigente, el gobierno debería quitar las pocas tierras que están en manos de los campesinos y que pasen a engrosar las exportaciones paraguayas.

“La lucha de la tierra es lo que subyace a la lucha política en este país”, explicó el sociólogo paraguayo Tomás Palau. Según el último registro oficial, de hace siete años, apenas un 10 por ciento de los propietarios de tierra concentran casi el 70 por ciento del suelo cultivable, mientras que el 30 por ciento de la población rural no posee ni un metro cuadrado. A pesar de los obstáculos y las amenazas, Lugo aún promete cambiar esas cifras.