Desde Medellín

Para cumplir lo prometido, el gobierno colombiano hizo público el texto del acuerdo de cooperación militar que firmó con Estados Unidos el viernes pasado y que tiene en polémica al continente. Según el canciller colombiano, Jaime Bermúdez, “el acuerdo se basa en el total respeto a los principios de igualdad soberana, integridad territorial y no intervención en los asuntos internos de otros estados”. Sin embargo, pocos le creen y el clima en la región latinoamericana es de tensión, sobre todo para Venezuela, pues tras el nuevo acuerdo Colombia permite a Estados Unidos en territorio local el ingreso de más centenares de militares y contratistas y la ocupación de siete bases militares ubicadas a lo largo y ancho del país. Al conocer el texto, el ex presidente cubano Fidel Castro se sumó a la larga lista de críticas al tratado y lo calificó como “atroz”, señalando que contiene “cláusulas expansionistas”.

Con la publicación del acuerdo pudieron conocerse detalles en los que los funcionarios de Uribe habían siempre vacilado. Por ejemplo, hasta ayer se habló de un límite de 800 militares y 600 contratistas gringos en el territorio colombiano. Sin embargo, el artículo IV del “Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América” deja abierta la posibilidad de aumentar ese número y detalla que “las partes operativas establecerán un mecanismo de coordinación para autorizar el número y categoría de las personas (...) y el tipo y la cantidad de equipos que no excederá la capacidad de las instalaciones y ubicaciones convenidas”.

En el texto, que se encuentra publicado en el sitio en Internet de la Cancillería y sería enviado en los próximos días a los gobiernos del resto del continente, queda claro que “las autoridades de Colombia, sin cobro de alquiler ni costos parecidos, permitirán a los Estados Unidos el acceso y uso de las instalaciones y ubicaciones convenidas y a las servidumbres y derechos de paso sobre bienes de propiedad de Colombia que sean necesarios para llevar a cabo las actividades dentro del marco del presente Acuerdo”. El objeto del convenio también lo confirmó el texto que hasta ahora se conoce y es el de “ampliar la cooperación regional y mundial para contrarrestar el problema de las drogas, el terrorismo y la proliferación de armas pequeñas y ligeras”, como lo explican los sendos comunicados sobre el tema que la Cancillería colombiana entrega desde hace cuatro meses, cuando empezó la polémica por la llegada de más militares norteamericanos al país, tras la expulsión de los norteamericanos de la base de Manta, Ecuador, por decisión del gobierno de Rafael Correa.

Entonces, los países sudamericanos rechazaron la decisión del presidente Alvaro Uribe, le pidieron explicaciones y solicitaron conocer el texto. De hecho, fue ése el tema central de la pasada cumbre de Unasur en Argentina. No obstante, sólo hasta el lunes en la noche y después de firmarlo, el gobierno colombiano permitió al país y la comunidad internacional ver la minucia del acuerdo que relata, entre otras cosas, “que Estados Unidos podrá construir edificios, estructuras inamovibles y montajes en nuestro país para su uso exclusivo” y “no estarán obligados a desinstalar cualquier instalación, edificio o mejora de los mismos que se haya construido con sus propios fondos”. Y si se realizan mejoras hasta podrían recibir compensación del gobierno colombiano. Todo ello lo podrán hacer desde este año hasta el 2019, año en el que el convenio terminaría o se renovaría, pues también deja abierta la posibilidad de extenderse.

En el artículo IV del documento se detalla que militares, contratistas, empleados de los contratistas y observadores aéreos de Estados Unidos están autorizados para el “acceso y uso a las instalaciones de la Base Aérea Germán Olano Moreno, Palanquero; la Base Aérea Alberto Pawells Rodríguez, Malambo; el Fuerte Militar de Tolemaida, Nilo; el Fuerte Militar Larandia, Florencia; la Base Aérea Capitán Luis Fernando Gómez Niño, Apíay; la Base Naval ARC Bolívar en Cartagena; y la Base Naval ARC Málaga en Bahía Málaga”. Y que, además, se permitirá el acceso y uso “de las demás instalaciones y ubicaciones en que convengan las partes”. Es decir, se trata de un pacto cuyos límites acuerdan, como mejor les convenga, las partes, o sea los funcionarios de los gobiernos colombiano y norteamericano, a quienes ni el consejo de Estado ni el Congreso han podido frenar hasta ahora en sus acuerdos de cooperación militar.