EL MUNDO › ESCENARIO
› Por Santiago O’Donnell
Aunque la crisis hondureña está lejos de resolverse, no es demasiado pronto para sacar algunas conclusiones.
La situación es más o menos así: el martes pasado los representantes de la OEA habían tirado la toalla porque no conseguían que el dictador Micheletti diera un paso al costado. Al día siguiente llegó una comitiva estadounidense encabezada por el subsecretario de Estado Thomas Shannon y en menos de un día logró un acuerdo casi milagroso que todo el mundo festejó. Según el acuerdo, el Congreso debía “decidir” la restitución del presidente legítimo, Manuel Zelaya, que sigue exiliado en la embajada brasileña en Tegucigalpa. Claro, ningún acuerdo puede ordenarle a un Congreso soberano lo que tiene que votar. Por eso, en lo formal, la decisión quedaba en manos del Congreso. Era obvio que si el Congreso no votaba la restitución, el acuerdo se caía. Eso fue lo que pasó. Zelaya no consiguió los votos necesarios, algo previsible, dado que ese mismo Congreso había avalado el golpe hace menos de cuatro meses. En lo formal, en el cuidado lenguaje diplomático que se había utilizado para no ofender a los usurpadores, el acuerdo sólo exigía la formación de un gobierno de “unidad nacional”. Entonces el dictador Roberto Micheletti se agrandó y anteayer anunció su nuevo gabinete de “unidad nacional” sin la participación de los zelayistas. Mientras tanto, el presidente daba por muerto el diálogo, Brasil movilizaba la enésima condena regional al golpe y llamada a la restitución de Zelaya, esta vez en el ámbito del Grupo Río, y Estados Unidos daba señales de “hasta acá llegué” y se mostraba dispuesto a aceptar el resultado de las elecciones programadas para dentro de tres semanas, con lo cual terminaría de legitimar el golpe. Descartada la ingenuidad de Shannon, es dable pensar que Clinton engañó a Zelaya, no tanto porque quisiera perjudicarlo, sino porque quería terminar la crisis de la manera más rápida y menos costosa.
¿Qué sacamos en limpio de todo esto? Primero resulta evidente que durante la presidencia de Bush se ha producido una notoria pérdida de poder e influencia de Estados Unidos en Latinoamérica. Está claro que el gobierno de Obama no promovió ni apoyó el golpe. Por el contrario, desconoció y sancionó al gobierno golpista y acompañó todas las condenas y pedidos de restitución que surgieron de los foros internacionales. Es la primera vez que Washington no apoya un golpe de la derecha en la región, y más allá de cierta tibieza y ambigüedad en su respuesta, es difícil negar que hubo un cambio de actitud.
Durante más de 30 años la política de Estados Unidos hacia la región estuvo signada por la lógica de la Guerra Fría y centrada en el enfrentamiento con Cuba y los conflictos en Centroamérica, lo cual dio lugar a la generación de una burocracia reaccionaria y conservadora en las oficinas regionales del Pentágono y el Departamento de Estado, ni hablar de la CIA y otras bellezas. Entonces por más que Obama piense diferente, la región está llena de esos burócratas siempre dispuestos a alentar y cobijar golpistas como Micheletti. Pasado el primer año de gobierno de Obama, esos sectores conservadores no exentos de racismo están haciendo sentir su presión en varios frentes.
En ese contexto, Honduras se ha convertido en un dolor de cabeza para el presidente norteamericano, que no obstante apostó fuerte al mandar a la gremialista combativa Hilda Solis, el miembro más progresista de su gabinete, a hacer cumplir el acuerdo de Tegucigalpa. Pero el acuerdo se cayó igual por la intransigencia del dictador, la complicidad tácita del Departamento de Estado y la falta de apoyo en el Congreso para la restitución de presidente legítimo.
Dada la pérdida de poder de Washington y el surgimiento de nuevos actores, como el bloque Unasur, la OEA de Insulza o el mismo Brasil, potencia emergente, Obama decidió que ahora son los latinoamericanos quienes deben resolver sus propios problemas y apoyó la política de Clinton de lavarse las manos.
Entonces, una primera conclusión podría ser que así como el apoyo de una potencia hegemónica es fundamental para el éxito de un golpe de Estado, en la ausencia de una potencia hegemónica es muy difícil revertir un golpe, por más que suceda en un país supuestamente débil. El gobierno de Obama podrá estar a favor de la vuelta de Zelaya más allá de la desconfianza que le genere su alineamiento con el chavismo –de hecho, el viernes el Departamento de Estado emitió un comunicado que dice “creemos que Zelaya debe ser restituido”–, pero Washington ya no tiene ni el poder ni la voluntad de imponer sus políticas unilateralmente en la región.
Otra conclusión podría ser que, a la hora de la verdad, organismos multilaterales como la OEA, el Grupo Río y la Unasur parecen estar dibujados. Así como existe un organismo con poder coercitivo para tratar problemas de seguridad, que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no existe un organismo semejante para la defensa de la democracia. Lo más parecido es la Carta Democrática de la OEA, que como máxima sanción sugiere un rompimiento de relaciones diplomáticas, instrumento que ha demostrado ser insuficiente aun en el caso de un país pequeño y dependiente como es Honduras.
Una tercera conclusión podría ser que en Honduras se ha estrenado con éxito evidente una nueva modalidad de golpe de Estado, la del golpe correctivo. Esto es, un golpe a plazo fijo para encarrilar un proceso político que derive en elecciones. O sea, el dictador ya no aspira a entronizarse en el poder, sino simplemente a despojar de sus atributos al enemigo político que ocupa la presidencia y a dictar las reglas de juego para una salida a través de un proceso electoral, con el nivel de exclusión necesario para evitar el retorno del presidente derrocado. Se trata de un modalidad peligrosa por la pátina de “continuidad constitucional” con que lo disfraza y porque los tiempos juegan en contra del presidente derrocado, haciendo más difícil su vuelta. Así, a medida que avanza el proceso, los potenciales participantes en las elecciones, movidos por sus ambiciones políticas, terminan sirviendo de agentes legitimadores de lo actuado por la dictadura.
Una cuarta conclusión podría ser que Brasil ha emergido de esta crisis como una actor regional de indudable peso, pero sus movimientos tácticos han sido confusos, por lo que nadie sabe bien a qué juega. Desde hace un tiempo a esta parte, y especialmente desde la asunción de Obama, la actitud de Brasilia es oscilante. Hay momentos en que se constituye en polo alternativo a Washington, en otros se constituye en polo complementario para ayudar a gestionar los intereses de Estados Unidos en la región. Un día apoya a Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio, rompiendo el bloque de países desarrollados, otro día recibe al presidente iraní con todos los honores. Un día les compra armas a los franceses para defender la Amazonia de la presencia militar norteamericana en Colombia, otro día se reparte con Washington el mercado mundial de biocombustibles. “No queda claro si son autonomistas o complementarios”, apunta un veterano diplomático latinoamericano con asiento en Washington.
Una quinta conclusión podría ser que, en la coyuntura actual, los principales actores del conflicto han llegado a la conclusión de que convalidar el golpe es el mal menor. Estados Unidos parece haber decidido que no le conviene que el conflicto se estire indefinidamente, desnudando su debilidad. Los países latinoamericanos parecen haber decidido que no les conviene romper lanzas con Obama para salvar a Honduras porque estarían fortaleciendo a los sectores de derecha que hoy acosan al presidente negro. Esto incluye a los gobiernos moderados, pero también al denominado bloque bolivariano. La clase política hondureña parece haber decidido que no le conviene que Honduras sea el campo de batalla de un conflicto internacional y también apuesta a una salida rápida por la vía de las elecciones. Y Zelaya parece haber decidido que no le conviene asumir el rol de líder revolucionario que no siente y se muestra dispuesto a aceptar todos los condicionamientos que le imponen con tal de recuperar parte del poder que le usurparon, aunque éste se haya reducido a un reconocimiento simbólico de la comunidad internacional.
Una última conclusión, quizá la más preocupante, podría ser que los efectos del golpe hondureño ya se hacen sentir en la región. La situación en Paraguay es por lo menos preocupante. El gobierno de Fernando Lugo se ha visto jaqueado en los últimos días por una confabulación de militares desleales, guerrilleros truchos, un vice que imita a Cobos y una constelación de corporaciones económicas y mediáticas que se salen de la vaina por frenar en seco la expansión del modelo populista-progresista en la región. Con un vice traidor como Yoyo Franco, que garantizaría la “continuidad constitucional” con un pronto llamado a elecciones ante la eventual remoción de Lugo, el modelo de golpe correctivo made in Honduras encaja a la perfección con las aspiraciones de la derecha golpista, que ya no se esconde, sino que recorre la región con simposios y seminarios, en busca de nuevas oportunidades.
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