El guante está lanzado, y el duelo empieza a librarse a un nivel más alto: la Oficina de Contabilidad del Congreso –un brazo de investigaciones del Parlamento– presentó ayer una demanda legal contra la Casa Blanca, en una iniciativa que pretende obtener detalles de cómo la administración de George W. Bush formuló el plan energético que dirigió el vice Dick Cheney, en consonancia con los intereses de la hoy quebrada firma Enron, y el historial de las reuniones que realizaron altos funcionarios del gobierno con dirigentes de la compañía. La Casa Blanca respondió que espera que la Justicia le “dé la razón” en el proceso: vale decir, que el tribunal federal competente le permita mantener su relación con Enron en secreto.
Como toda primera vez, la demanda que ayer presentó el Congreso contra el Ejecutivo en la investigación sobre Enron sentó un claro precedente en el campo político estadounidense. La Oficina de Contabilidad General, el brazo investigador del Congreso, demandó ante los tribunales a la Casa Blanca para que la fuercen a divulgar la lista de ejecutivos de Enron que presuntamente buscaron influir en la política energética del país, y la minuta de las reuniones que mantuvieron con Cheney. Hasta ahora, el Gobierno de George W. Bush se ha negado a entregar ambas cosas, que son reclamadas con insistencia por la Oficina de Contabilidad ante las posibles ramificaciones políticas del caso Enron.
Enron, un emporio de comercialización de energía, uno de los principales contribuyentes de las campañas políticas de republicanos y demócratas –entre ellos la del propio Bush–, anunció su bancarrota el 2 de diciembre pasado, después de engañar al público y a sus empleados durante muchos meses sobre el verdadero estado de sus finanzas. Adicionalmente, Enron tuvo una influencia desproporcionada en la definición de la política energética de Estados Unidos, cuyo gobierno favoreció una desregulación general del mercado energético. Las reuniones clave tuvieron lugar con Dick Cheney, quien además de jefe del equipo de elaboración de la nueva política energética fue él mismo el presidente de Halliburton, otra empresa texana de servicios petroleros, antes de llegar a Washington como vicepresidente de Bush. Cheney se reunió en seis ocasiones con ejecutivos de la firma antes que anunciase su bancarrota, y ahora, para justificar el velo de secreto sobre las tratativas, asegura que es necesario “preservar el principio de que haya gente que se presente a hablar con nosotros sin el temor de aparecer al día siguiente en la prensa”. Contradictoriamente, sin embargo, Cheney también ha afirmado que no hubo nada secreto en las reuniones y que los ejecutivos de Enron no recibieron ningún tratamiento especial.
El desarrollo de este caso puede influir decisivamente en las elecciones legislativas de noviembre, donde se renuevan las dos cámaras del Congreso: la percepción de Bush como un hombre demasiado próximo a las corporaciones es su único punto débil –hasta ahora– en las encuestas.