Las policías de Río de Janeiro y de San Pablo piensan poco antes de actuar. Disparan primero, preguntan después. Según un informe de la ONG internacional Human Rights Watch (HRW) divulgado ayer, los cuerpos policiales de estas dos ciudades brasileñas concentran uno de los índices de gatillo fácil más altos del mundo. “Las policías de Río y de San Pablo recurren habitualmente al uso de la fuerza letal, con frecuencia cometen ejecuciones extrajudiciales y, de este modo, agravan la violencia en ambos estados”, sentencia la investigación de HRW.

El informe de 122 páginas, titulado “Fuerza Letal: violencia policial y seguridad pública en Río de Janeiro y San Pablo”, no se presta a muchas interpretaciones. Los números hablan solos. Los efectivos cariocas mataron en el 2008 a una de cada 23 personas que se resistieron a ser detenidas; sus colegas paulistas, a una de cada 348. El contraste puede llegar a ser inmenso. La ONG señala, por ejemplo, que en Estados Unidos ocurre una muerte cada 37 mil detenciones.

El reporte, entregado esta semana al gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, recién divulgado ayer, revela que la policía militarizada de la capital turística de Brasil mató en el 2008 a 1137 personas que desobedecieron la orden de detención, en tanto los uniformados de San Pablo, la ciudad más poblada de Brasil, ejecutaron a 397 que desoyeron la orden de arresto. Desde el 2003, de acuerdo con HRW, el número de muertos en el prontuario de ambas instituciones asciende a once mil personas.

Según Fernando Delgado, uno de los autores del informe, uno de los principales factores que contribuyen a la perpetuación de la violencia policial es el hecho que los homicidas, generalmente, quedan impunes. Y esto, de acuerdo con el autor, se explica fundamentalmente en base a una causa: a los acusados de la policía los investiga la propia policía. De este modo, según Delgado, son muy pocos los casos que llegan a la Justicia común. “Constatamos que es problemático que la policía investigue a la propia policía. Hay un conflicto de intereses que, sin dudas, favorece la continuidad de los abusos”, aseguró el investigador.

“Mientras la policía siga a cargo de las investigaciones, estas ejecuciones seguirán sin un control efectivo”, agregó, a su turno, José Miguel Vivanco, director de HRW para el hemisferio americano.

El trabajo de HRW denuncia, a su vez, que, de acuerdo con los resultados de las autopsias, decenas de reportes oficiales sobre delincuentes muertos en enfrentamientos con la policía son falsos: en la mayoría de los casos, las muertes habrían ocurrido después de que los delincuentes se rindieran. Como otro dato igualmente preocupante, el trabajo consigna que, en Río de Janeiro, proliferan las “milicias”, o cuerpos armados integrados por policías en actividad y ex policías que, habiendo tomado el control de decenas de favelas donde combaten al narcotráfico, actúan con amplios márgenes de arbitrariedad y sin ninguna clase de rendición de cuentas. San Pablo, a su turno, no se queda atrás: en la megalópolis, HRW menciona la existencia de escuadrones de la muerte.

Cabral, el gobernador carioca que, desde su llegada al poder en el 2007 les declaró una guerra abierta a los grupos narcos que dominan la mayoría de las cerca de 800 favelas de esa ciudad, informó ayer que no realizará declaraciones sobre el informe. Lo que sí anunció el gobernador es que, en breve, el gobierno de Río contratará como asesor en materia de seguridad al ex alcalde de la ciudad de Nueva York , Rudolph Giuliani.

“Los residentes de Río y de San Pablo necesitan una policía más efectiva, y no más violencia policial”, señaló José Miguel Vivanco, director de HRW para el hemisferio americano.