Dom 03.01.2010

EL MUNDO  › FUERTE APOYO EN BRASIL DEL GOBIERNO DE LULA

Ratifican la Comisión por la Verdad

Después de la polémica de-satada en Brasil por la posible creación de una Comisión por la Verdad sobre los crímenes de la última dictadura militar (1964-1985), ayer Paulo Vannuchi, ministro de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, defendió públicamente la iniciativa. “Va en favor de las fuerzas armadas. Es necesario terminar un proceso sin revanchismo, sin retorno al pasado y de manos tendidas para la reconciliación nacional”, señaló.

Primero fue la amenaza de la impunidad. Hace algunas semanas, la cúpula de las fuerzas armadas y el ministro de Defensa brasileño, Nelson Jobim, fueron los protagonistas de la peor crisis militar durante los dos mandatos del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El general Enzo Martins Pieri, comandante del ejército, el brigadier Juniti Saito y el ministro Jobim amenazaron con dejar sus cargos si fuera creada una Comisión de la Verdad para investigar violaciones de los derechos humanos ocurridas durante la última dictadura.

La ira de los militares se enmarca en una propuesta presentada por el propio Lula y que ahora está siendo sometida a revisión: la construcción de una comisión para investigar los delitos de la dictadura, pero procesar o encarcelar a los responsables de esos crímenes.

“Crear una Comisión de la Verdad va a favor de las fuerzas armadas (...). No hay ningún sentido revanchista”, dijo ayer el ministro Vannuchi. Asimismo, el hombre insistió en que el Plan Nacional de Derechos Humanos (PNDH) no prevé la derogación de la Ley de Amnistía –aprobada en 1979– y en sus declaraciones diferenció a los militares “dedicados a la patria y al servicio público” de los responsables de torturas y desapariciones.

“Es necesario terminar un proceso sin revanchismo, sin retorno al pasado y de manos tendidas para la reconciliación nacional”, agregó el ministro. De todas maneras, Vannuchi destacó que la situación de armonía “no puede encubrir” los crímenes de lesa humanidad. Entre otras atribuciones, el proyecto propone “requisar documentos públicos, reconstruir la historia de los casos de violaciones de los derechos humanos, localizar e identificar los cuerpos, esclarecer torturas, muertes y desapariciones”.

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