Desde Cochabamba

El fiscal de La Paz Félix Peralta informó que un tal Julio Terrazas recibió el equivalente a 16 mil dólares por concepto de gastos reservados en 1999, durante el gobierno de Hugo Banzer, quien fuera dictador entre 1971 y 1978. Casualmente, el jefe de la Iglesia Católica de Bolivia se llama Julio Terrazas, por lo que varios directivos de esta institución procedieron a rasgarse las vestiduras y defender la honorabilidad del “Pastor” nacional. Y convocaron a la población a rezar en solidaridad con el religioso, conocido opositor del gobierno de Evo Morales. La Fiscalía quiere tomar declaración a 33 personas y 31 responsables de empresas por el caso que investiga el destino del dinero entregado discrecionalmente entre 1997 y 2002. Los gastos reservados fueron prohibidos por el presidente en 2005, al evaluar que promueven actos de corrupción.

Entre los acusados de haber recibido dinero del Estado se encuentra Waldo Albarracín, ex presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y defensor del Pueblo entre 2003 y 2008. La denuncia corresponde a 2001, cuando estaba al frente de la APDH. Candidato a retomar la Defensoría, Albarracín ayer se apresuró a aclarar que recibió la suma –aún no definida– para entregarla a aproximadamente 25 familias de campesinos y cocaleros asesinados por el gobierno.

El actual ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, era vicepresidente de la APDH durante esos años y aseguró que así había sido. El fiscal acusa al ex defensor de haber recibido 150 mil bolivianos (21.367 dólares). Pero según Albarracín recibió mucho más, ya que cada familia era indemnizada con 50 mil bolivianos. En conferencia de prensa sostuvo que la tarea había sido encomendada por el gobierno de entonces para acelerar el trámite. De lo contrario, se debía esperar a que los deudos presentaran una serie de papeles para confirmar los asesinatos del Estado.

“Lamento que Peralta no hubiera informado de forma completa sobre este hecho y nos haga aparecer ante los medios de comunicación como ladrones”, dijo Albarracín.

Ayer, el fiscal general de Bolivia, Mario Uribe, envió un instructivo a Peralta para que tuviera “cierta confidencialidad” al hacer declaraciones, ya que aún no se comprobó que el Julio Terrazas investigado fuera el cardenal. Algunos medios de comunicación se tomaron la tarea de comparar las firmas del cheque por 115 mil bolivianos cobrado por Terrazas en 1999 con una rúbrica de 2009 del jefe espiritual de los católicos de este país. Y son parecidas, aunque no idénticas.

La Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), presidida por Terrazas, emitió un comunicado firmado por cinco monseñores. “Luego de haber dialogado con su persona, podemos afirmar categóricamente que durante los largos años de su ministerio episcopal nunca él ha recibido dinero alguno de parte de ningún gobierno”, sostuvieron. Consideraron que el fiscal “lanza las acusaciones a la opinión pública sin haber confirmado la identidad de la persona, demostrando de esta manera una falta de ética profesional y contraviniendo las normas legales”.

Este domingo en Bolivia habrá elecciones para elegir gobernadores y asambleístas en los nueve departamentos, así como alcaldes y concejales para los 337 municipios. Si bien en el gobierno de Morales juraron que no tienen relación con las declaraciones del fiscal, varios de sus candidatos y legisladores aprovecharon para atraer votos al Movimiento Al Socialismo (MAS). “La gente se da cuenta de que este tipo de situaciones son aprovechadas por algunos sectores para tratar de politizar estas elecciones”, dijo Llorenti.

El ex legislador y candidato a concejal por el MAS de La Paz, Jorge Silva, pidió a la Justicia que evitara la posible huida de Juan Del Granado, alcalde de esa ciudad desde hace diez años por el Movimiento Sin Miedo (MSM), aliado de Morales hasta las elecciones presidenciales del 6 de diciembre, cuando fueron abandonados por el partido de gobierno. Hasta hoy, el MAS y el MSM van casi empatados en las encuestas, con una ligera ventaja de la candidata oficialista, la ex legisladora Elizabeth Salguero.

Por su parte, el legislador de Tarija Luis Alfaro, del MAS, aseguró que Mario Cossío, prefecto opositor a Morales que va por la reelección, tiene a su familia afuera del país. Y que el candidato de Camino Al Cambio (un desprendimiento del Movimiento Nacionalista Revolucionario) ya “tiene listas las valijas” para unírseles luego de las elecciones. Cossío tiene al menos siete causas abiertas acusado de corrupción al frente de la Prefectura. Ayer, Cossío se presentó en público con su esposa e hijos y Alfaro no tuvo otra salida que quedarse callado.

Las denuncias no son descabelladas. Guillermo Fortún, candidato a la alcaldía de La Paz por ADN (Acción Democrática Nacional, partido inventado por Banzer cuando dejó de ser dictador), huyó hace dos semanas a Chile porque también está implicado por la causa de gastos reservados. Ministro de Gobierno entre 2000 y 2001, lo acusan de haber recibido 18 millones de bolivianos. Tenía que presentarse a declarar el 6 de abril próximo, pero como se cree que no volverá, la Cancillería comenzó a tantear una posible extradición ante el gobierno de Sebastián Piñera. Según datos oficiales, desde 1971 hasta 2005 en Bolivia se entregaron 5000 millones de bolivianos como gastos reservados.