Desde Medellín

Por las escuchas ilegales del organismo de inteligencia colombiano, Estados Unidos suspendió la ayuda al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). Nuevas revelaciones sobre seguimiento a políticos, organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación, entre otros, tienen a los gobiernos tomando medidas. El presidente colombiano, Alvaro Uribe, niega que las haya ordenado, como lo señalan las pruebas, aunque ninguna medida judicial se toma contra ningún funcionario de la Casa de Nariño. El más salpicado resultó ser el candidato presidencial Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa, quien puntea las encuestas para las elecciones del 30 de mayo, y según la oposición tiene responsabilidad en el escándalo.

Hasta este martes, el DAS recibía ayuda económica y tecnológica del gobierno norteamericano, en el marco de la alianza binacional para combatir el narcotráfico y el terrorismo. También las agencias federales de Estados Unidos aportaban información a las investigaciones por falsificación de dólares y lavado de dinero provenientes de las mafias, pero desde ahora las ayudas pasarán a otras instituciones.

El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, explicó a periodistas que tiene la certeza de que la ayuda técnica de su gobierno para el DAS no fue utilizada para las interceptaciones ilegales, pero que prefiere que el organismo de inteligencia no continúe recibiendo las colaboraciones de su país. “Lo que hemos hecho en el gobierno de Estados Unidos es transferir mucha de la colaboración que habíamos tenido en el pasado con el DAS a otras instituciones del gobierno de Colombia, más específicamente a la Policía Nacional y la CTI (organismo investigador de la Fiscalía)”, explicó el embajador.

Por la conducta criminal del DAS de escuchar ilegalmente a magistrados, opositores, periodistas, abogados, hay cinco ex funcionarios en la cárcel y dos ex directores están siendo investigados. La solución para sanear la institución será, según anunció el actual director del DAS Felipe Muñoz, crear un nuevo organismo. “El gobierno de Colombia ha declarado claramente su intención de desmantelar la institución actual y reemplazarla con otra, no podemos colaborar con una institución que no existe”, detalló Brownfield en rueda de prensa.

Uribe no se dio por aludido. “Este es un gobierno que no apela a procedimientos turbios, éste es un gobierno que procede de frente”, explicó el primer mandatario a Radio Santa Fe. “Nunca sugerí al DAS violar la ley”, afirmó. También defendió a varios de sus funcionarios, cuyos nombres aparecen en las evidencias encontradas por la Fiscalía: su secretario de Prensa, César Mauricio Velásquez, y la ex directora del Departamento, María del Pilar Hurtado. Velásquez y Hurtado, según la investigación de la Fiscalía, participaron en una reunión en la Casa de Nariño donde, según las denuncias, solicitaron el seguimiento a los magistrados de la Corte Constitucional.

Pese a que la ley le impide participar en política durante esta temporada electoral, Uribe defendió también a Santos, aspirante a presidente por el Partido de la U, señalando que es preciso defender la “honorabilidad” del ex ministro. La responsabilidad recae sobre Santos, puesto que es la cartera de Defensa la encargada de administrar los asuntos de inteligencia.

Las “chuzadas ilegales”, nombre del proceso judicial que adelanta la Fiscalía, se habrían realizado antes de las elecciones presidenciales de 2006, cuando Alvaro Uribe fue reelegido presidente. La Operación Amazonas, según revelaciones de la cadena radial RCN, tenía como objetivo general “promover acciones en beneficio del Estado para las elecciones del año 2006”. Otros propósitos, según los documentos de la Fiscalía divulgados en la radio, eran “desinformar a la población que se encuentra a favor de los detractores del gobierno” y “generar división en el interior de la oposición”. Los blancos de los ataques fueron identificados como “Partidos de la Oposición” y la “Corte Constitucional”.