El conflicto armado estuvo muy presente en la víspera de la segunda vuelta presidencial. En las primeras horas de la tarde las Fuerzas Armadas anunciaron que habían matado a un mando medio de las FARC. Nolber Cardona, alias Mocho Tito, era el tercero a cargo de una columna de la guerrilla que opera en el departamento selvático de Caquetá, uno de sus bastiones en el Sur del país. Más tarde llegó la segunda noticia. Tres infantes de marina habían fallecido y otros cinco resultaron heridos en un ataque de la guerrilla en las afueras de la ciudad de Tumaco, un puerto sobre el Océano Pacífico, cerca de la frontera con Ecuador.

Durante décadas, las guerrillas colombianas rechazaron los procesos electorales e intentaron boicotearlos, con atentados y evitando la apertura de los centros de votación. Aunque cada año la influencia de los grupos insurgentes parece ser menor, ayer no fue la excepción. Según informó la Justicia electoral, sus funcionarios tuvieron que reubicar más de 300 mesas, que debían cubrir las zonas rurales de los departamentos de Antioquia, el Valle del Cauca, Arauca, Caquetá, el Norte de Santander y Nariño, regiones con fuerte presencia de las guerrillas y también de los grupos paramilitares. Las mesas reubicadas fueron trasladadas a zonas más seguras, la mayoría cerca de los centros urbanos.

También se registró un atentado contra una torre de electricidad en el departamento natal de Uribe, Antioquia, en el noroeste del país, y la policía informó de la muerte de otro guerrillero en el departamento de Tolima, en el centro-oeste colombiano. A lo largo y ancho del país hubo noticias de enfrentamientos y sospechas de atentados, sin embargo, la cúpula militar y policial negaron cualquier rumor de inestabilidad y garantizaron que controlan todos los centros de votación del país.

El jefe de la policía, Oscar Naranjo, prometió ayer que el ballottage quedará en la historia como los comicios más pacíficos de la última mitad del siglo. Para conseguirlo, se desplegó a 350 mil militares y policías. El operativo, que costó casi 36 millones de dólares, inundó de agentes con trajes camuflados y ametralladoras automáticas las calles de las principales ciudades del país.