Desde La Paz

La Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), que representa a 34 naciones del oriente del país, comenzó ayer una marcha de 1450 kilómetros desde Trinidad, capital de Beni, hasta esta ciudad. Exigen al gobierno de Evo Morales que respete sus derechos reconocidos en tratados internacionales. Y piden más participación en las decisiones del Estado que los involucren, como la explotación de recursos naturales en sus territorios. Por su parte, el presidente les solicita dialogar y sostiene que varios dirigentes de organizaciones indígenas están controlados por el gobierno de Estados Unidos. Morales participó ayer de la celebración del Año Nuevo aymara 5518 en Tiawanaku.

La dimensión “indígena” del gobierno de Morales corresponde a su liderazgo indiscutible sobre todas las organizaciones originarias y campesinas del país. Las matrices son cinco: la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Cscib), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa (Cnmciob BS), el Consejo Nacional de Markas y Ayllus de Qullasuyu (Conamaq) y la Cidob. Juntas conforman el Pacto de Unidad, creado durante la Asamblea Constituyente (2006-2008) para asegurarse de que las demandas indígenas quedarían impresas en el nuevo texto constitucional.

Actualmente, el Pacto de Unidad intenta rearticularse y proponer a la Asamblea Legislativa Plurinacional algunas de las cien leyes necesarias para que la nueva Constitución funcione plenamente. Pero varias organizaciones –como Conamaq y Cidob– dicen que el gobierno hace proyectos de ley sin consultar a las bases. Uno de ellos sería el de la ley de Autonomías, cuya distancia entre lo que Morales ofrece y lo que reclaman los indígenas provocó el inicio de la marcha.

Conamaq y Cidob denuncian que el gobierno no respeta el derecho a la consulta a las comunidades indígenas cuando pretende explotar recursos naturales en sus territorios, como lo establece el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, aprobados como ley por el Congreso boliviano.

La falta de consulta generó un conflicto en el norte amazónico de La Paz, donde está detenida la exploración de hidrocarburos iniciada por Petroandina, una fusión de la venezolana Pdvsa y la boliviana YPFB. Se opone la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap), una de las 11 regionales de la Cidob. Según el Ejecutivo, Cpilap recibe fondos de la agencia Usaid (Ayuda de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), entre otras cooperaciones internacionales. De acuerdo con el presidente aymara, los indígenas son manipulados para trabar el “proceso de cambio”. “Nuestras organizaciones no pueden ser manejadas por ONG y fundaciones. Estamos detectando, no estamos durmiendo. Usaid, nuevamente los gringos, están detrás de algunos dirigentes del campo y de la ciudad. Como no hay los vendepatrias de Bolivia que nos pueden hacer frente, quieren comprar a nuestros dirigentes y confundir a la población con cualquier pretexto o argumento”, dijo Morales.

“Los indígenas no necesitamos de ninguna organización que nos ayude. Podemos solos hacer prevalecer nuestros derechos, porque desde hace años venimos luchando de manera unida por nuestras demandas”, dijo Adolfo Chávez, presidente de la Cidob. Esta sería la séptima marcha indígena desde 1990. Ya hubo movilizaciones de este tipo en 1996, en 2000, en 2002 y 2006. En todas consiguieron la aprobación de leyes a favor de los indígenas, respeto a sus territorios y hasta una Asamblea Constituyente que declaró a Bolivia “plurinacional”. En 2007, mientras sesionaban los asambleístas, iniciaron una marcha que duró 50 kilómetros, desde Santa Cruz hasta Montero, donde Morales se comprometió a incluir sus pedidos en la nueva Constitución.

La movilización pide que la autonomía indígena pase por encima de los límites departamentales y municipales, que se eleven de siete a 18 los asientos para indígenas en la Asamblea Legislativa, que las comunidades tengan capacidad de veto a los emprendimientos en sus territorios y que los candidatos en las circunscripciones indígenas sean elegidos por usos y costumbres, entre otros puntos.

Para desbaratar la caminata empezada ayer, el gobierno negocia por separado con las regionales de la Cidob. Una de las más grandes, la Asamblea del Pueblos Guaraní (APG), ya confirmó su ausencia. Era una de las más aguerridas: en mayo había cortado rutas en el sur del país por reclamos afines a los de la marcha. Otra con muchos afiliados, la Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz (Cpesc), aún no definió su participación, mientras dialoga con el Ejecutivo.

“Aquí no hay mano de Usaid. Que el gobierno nos pruebe que Usaid nos financia. Además le invitamos que venga a ver cómo estamos en la marcha, cuál es nuestra alimentación y nuestras limitaciones”, dijo Chávez. Los marchistas calculan que tomará tres meses llegar a La Paz. Al menos que lleguen a un acuerdo con el gobierno en el camino.