Por Juan Arias *
Desde Río de Janeiro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sigue firme en el anuncio de nuevos proyectos en la lucha contra las desigualdades sociales que afligen al país. Después del programa Hambre Cero, ya están en marcha dos nuevas e importantes iniciativas: el rescate de la propiedad de los terrenos de las favelas de las grandes ciudades, donde generalmente viven familias que huyen de la miseria del interior, y el apoyo del Estado para recuperar a jóvenes y adolescentes involucrados en el narcotráfico ofreciéndoles trabajo y protección si desean llevar una vida normal.
Del proyecto de recuperación de la propiedad de los terrenos de las favelas se ha encargado el ministro de Justicia Marcio Thomaz Bastos. Se trata de una decisión que podría tener grandes repercusiones, según el ministro, en la misma economía del país. Son millones de personas las que ocupan las favelas de ciudades como Río, San Pablo, Recife, Salvador de Bahía, Belo Horizonte y cientos más. Esas personas quedan excluidas del mundo del trabajo porque al carecer de la propiedad donde construyeron su chavola no tienen dirección oficial y, por tanto, no pueden aspirar a pequeños créditos, ni pueden tener un empleo fijo. La idea es dar a esos millones de personas la dignidad de ciudadanos.
El presidente Lula ha pedido al ministro Bastos que un grupo de expertos busque las soluciones jurídicas para resolver ese problema y si no bastaran las leyes existentes que se aprueben otras nuevas. Los problemas no van a ser pequeños, pero el resultado podría ser sorprendente. Propietarios ya del terreno de la casita construida en terrenos ocupados ilegalmente, generalmente, como en Río, en lugares panorámicos privilegiados, muchas de esas personas podrían acabar vendiendo dicho terreno para poder trasladarse a su tierra de origen de donde salieron para evitar el hambre. Para muchos, como Joao Agnelo de 49 años, que vive con su mujer y sus cuatro hijos en una favela de Salvador de Bahía, el poder conseguir la propiedad de su casa y del terreno que ocupó hace 12 años le permitiría poder comprarse una casita en un barrio popular en la tierra de donde salió. A esas personas podría bastarles, en vez de complicadas escrituras de propiedad, piensa Lula, que el Estado les diera una especie de “tarjeta de ciudadanía” que equivaldría a la propiedad, a todos los efectos, del terreno y de la casa.
El Estado va a tener que gastarse unos 300 millones de dólares para los estudios de viabilidad del proyecto y para asegurar asesoría jurídica gratuita a todas esas familias. Aunque aún no existe un mapa completo de las personas que habitan en esos lugares ilegales, se sabe que son millones. Sólo entre Río y San Pablo no son menos de cuatro millones.
Del proyecto de protección de los adolescentes y jóvenes comprometidos en el tráfico de drogas, en su 90 por ciento dentro de las favelas, se va a encargar Nilmário Miranda, secretario nacional de Derechos Humanos, que ha anunciado la decisión tomada por el Presidente de la República. Todos esos muchachos, que están atenazados por los narcotraficantes que les impiden dejar el tráfico bajo pena de muerte (cada día aparecen muertos algunos de esos jóvenes que se resisten a seguir colaborando), van a recibir amparo del Estado como hoy lo reciben los testigos en los procesos contra los narcos. Quienes deseen abandonar ese infierno y llevar una vida normal podrán hacerlo. A ellos se les ofrecerá residencia y trabajo fuera de las favelas, incluso en otros estados, además de protección especial si fuera necesario.
Miranda ha afirmado que no se trata sólo de ayudar a esos 10.000 jóvenes que viven, por ejemplo en Río de Janeiro, al servicio de los narcotraficantes, sino por lo menos a ocho millones de adolescentes y jóvenes “vulnerables” y dispuestos a entrar en el mercado de la droga porfalta de trabajo o porque sus mismos padres, generalmente desempleados, los empujan a ese trabajo bien remunerado. La idea de Nilmário es introducir el proyecto en el área de defensa de los Derechos Humanos de todos y cada uno de los ministerios.

* De El País de Madrid. Especial para Página/12.