Desde Lima

Keiko Fujimori, de 35 años, ha hecho su rápida carrera política a la sombra de su padre, el ex dictador Alberto Fujimori (1990-2000), pero esa misma sombra puede terminar con sus aspiraciones presidenciales. La corrupción que cubrió el régimen fujimorista ensombrece la candidatura presidencial de la heredera del clan Fujimori. La fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, ha ordenado abrir una investigación por complicidad en enriquecimiento ilícito a Keiko Fujimori, por haber recibido más de 900 mil dólares de origen ilícito, que su padre sustrajo, según la fiscalía, del Tesoro público cuando era presidente. Ese dinero fue utilizado para pagar los estudios universitarios de Keiko y sus tres hermanos en Estados Unidos. Desde el gobierno de Alan García salieron a defender a la candidata presidencial del fujimorismo ante las acusaciones de corrupción en su contra. En estos cuatro años, García ha gobernado en alianza con el fujimorismo y le ha asegurado una cárcel VIP a Alberto Fujimori, condenado a 25 años por violaciones a los derechos humanos y corrupción.

Keiko Fujimori ha respondido a esta acusación hablando de persecución política contra el fujimorismo, como siempre lo ha hecho su padre ante los cargos de corrupción y crímenes de lesa humanidad en su contra, y de un “complot” para tumbar su candidatura presidencial, pero no ha aclarado satisfactoriamente el origen del dinero con el que se financiaron sus estudios universitarios y los de sus hermanos Hiro, Sachi y Kenyi. “Este es el inicio de una campaña de desprestigio para tratar de detener y debilitar mi candidatura. Esto es un complot y una persecución política por el avance del fujimorismo”, señaló la candidata presidencial, en conferencia de prensa que dio en el Congreso, donde encabeza la bancada fujimorista. Según una última encuesta de Ipsos Apoyo a nivel urbano, Keiko Fujimori encabeza las preferencias para la elección presidencial de abril de 2011 con 22 por ciento, seguida del alcalde de Lima, Luis Castañeda, con 20 por ciento. La candidata se aferró a estas cifras para hablar de complot contra su postulación.

En los últimos años, Keiko Fujimori ha caído en una serie de contradicciones al intentar explicar el origen de los 917 mil dólares que su padre –según su propia declaración tenía como único ingreso los aproximadamente 200 dólares mensuales que se fijó como sueldo oficial– gastó en los estudios de ella y sus tres hermanos en universidades privadas de Estados Unidos y en sus frecuentes viajes a Lima, como lo ha determinado un peritaje legal. Ha dicho que ese pago se hizo con ahorros que tenía su familia, lo que no ha podido ser demostrado, con un préstamo de 150 mil dólares que un ex ministro fujimorista le dio a su padre y con los 660 mil dólares obtenidos por la venta de una casa de la familia Fujimori. Sin embargo, la venta de esta casa se produjo en 1998, un año después de que Keiko Fujimori ya había terminado sus estudios y cuando su hermano mayor Hiro también los había culminado, mientras que a los dos hermanos menores les faltaba poco tiempo para finalizarlos. La fiscalía señala que la venta de esa casa fue ficticia y su monto sobrevaluado para intentar justificar los gastos que Alberto Fujimori hizo en sus cuatro hijos.

En 2001, Keiko Fujimori reconoció ante una comisión del Congreso que su padre utilizaba el sospechoso procedimiento de entregarle en efectivo el dinero para pagar sus estudios y los de sus tres hermanos, evitando cualquier transacción bancaria que pudiera dejar rastros de ese dinero. Las investigaciones sobre la corrupción en el régimen fujimorista han establecido que Vladimiro Montesinos, el brazo derecho de Fujimori y el hombre encargado de los trabajos sucios, le entregaba al ex presidente en efectivo el dinero que era desviado de los fondos del Estado. Esas entregas superaban, de acuerdo con las investigaciones realizadas, los 500 mil dólares mensuales.

A la heredera política de Alberto Fujimori no le han faltado defensores fuera del fujimorismo. Uno de los primeros en salir en su apoyo ha sido el primer ministro Javier Velásquez Quesquén, que calificó como un “exceso” la investigación fiscal a Keiko Fujimori. El número dos del gobierno de García no ocultó su deseo de que la hija de Fujimori salga bien librada de esta acusación por enriquecimiento ilícito. El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, también intentó desacreditar la investigación fiscal. Los cargos en su contra son graves y el asunto puede afectar seriamente su candidatura presidencial, pero a Keiko Fujimori no le falta respaldo en las más altas esferas del poder político y judicial.