Desde París

Mientras el Ejecutivo francés siguió con el pie en el acelerador de las deportaciones de gitanos hacia Rumania y Bulgaria, la extrema derecha francesa volvió a lucirse con una de sus expresiones más vomitivas. Doscientos ochenta y tres gitanos de origen rumano partieron ayer rumbo a Bucarest, lo que eleva a 8171 el número de personas deportadas en lo que va del año.

El presidente Nicolas Sarkozy ha encontrado en la opinión pública un apoyo sólido: según una encuesta realizada por la empresa CSA, 48 por ciento de los franceses apoya este ciclo de deportaciones criticado por Amnistía Internacional, las instituciones europeas, los organismos de defensa de los derechos humanos, el Vaticano y las Naciones Unidas.

Nicolas Sarkozy recibió fuertes críticas desde su propio campo por el carácter étnico que le insufló a la lucha contra la criminalidad, al hacer de los gitanos chivos expiatorios de la delincuencia.

Este jueves, por primera vez desde que el presidente anunciara su plan de cierre de los campamentos de gitanos y las consiguientes expulsiones, la primera secretaria del Partido Socialista francés, Martine Aubry, denunció la estrategia presidencial. A ella le siguió su rival dentro del PS, la ex candidata presidencial Ségolène Royal, quien fuera derrotada por Sarkozy en 2007.

Un día antes de la apertura de las llamadas Universidades de Verano, la jefa del PS calificó de “verano de vergüenza para Francia” el paquete de medidas adoptadas por el jefe de Estado en el campo de la seguridad. Martine Aubry consideró que las medidas impulsadas por el Ejecutivo eran “una vasta manipulación que pisotea los valores de la república, que destruye nuestra república, ensuciando a nuestro país en el extranjero”.

A su vez, en una entrevista aparecida en el diario Libération, Ségolène Royal estimó como “muy grave” los enfoques de seguridad adoptados por Nicolas Sarkozy, a quien retrató como responsable de “un sistema corrompido”.

En el extremo del arco político francés, el líder de la extrema derecha, Jean-Marie Le Pen, agregó una pincelada más al clima de xenofobia oficial que se respira en el país. Le Pen dijo: “Compré una casa en el campo para que mis hijos, que viven en el distrito 15 de París, vean vacas en vez de árabes”.

Un mancha más al tigre de la intolerancia ya no conmueve a nadie. Por lo pronto, el ministro francés de Inmigración e Identidad Nacional, Eric Besson, manifestó su clara intención de “acelerar las expulsiones de búlgaros y rumanos”. Muchos se interrogan sobre la eficacia de esta superproducción destinada a los medios, y cuya meta final es mostrarle al electorado conservador que el gobierno lucha contra la criminalidad.

Antes de partir y al llegar a sus destinos, los gitanos rumanos y búlgaros aseguraron que volverían a Francia de manera clandestina en un plazo de tres o cuatro meses. Los deportados se ampararon bajo el programa de “retorno voluntario”, gracias al cual reciben 300 euros por regresar a sus respectivos países.

El ministro francés de Interior, Brice Hortefeux, argumenta que las deportaciones de los gitanos se explican por el fuerte aumento de la criminalidad protagonizada por los inmigrantes rumanos, en especial en la región parisina.

Según el titular de la cartera, la delincuencia pasó de 1328 delitos en 2008 a 3151 en 2009, o sea, un incremento del 138 por ciento. El 48 por ciento de los franceses respalda ese argumento y el de las expulsiones, contra 42 por ciento que lo rechaza. El grupo Romeeurope publicó ayer un informe en el que resalta que todas estas políticas represivas dirigidas contra los gitanos no hacen sino acentuar “la precariedad, a la vez que favorece los comportamientos racistas y xenófobos”.