Desde Santiago

Cincuenta días en huelga de hambre / fuerza visitante / sacándome palabras del buche / respeto a Chile y a la lucha mapuche”, la anterior rima publicada ayer por el superventas y antisistémico grupo musical portorriqueño Calle 13 en su cuenta de Twitter (@calle13ofi cial) es sólo una muestra más del repudio mundial que ha generado el conflicto que mantiene a 32 mapuches en ayuno por más de 50 días y que el gobierno chileno y los medios de derecha han decidido mantener en un muy bajo perfil. Hasta ahora.

Tapadito y todo, al lado de la amplia cobertura dispensada a los 33 mineros atrapados en la mina San José y la tarea de dejar en claro el esfuerzo que la administración de Sebastián Piñera ha realizado por sacarlos a la superficie, el hecho no pudo huir de la fuerza de las redes sociales –como Facebook o Twitter que en Chile son cada vez más influyentes–, del reclamo político de la oposición por la delicada situación de salud por la que atraviesan los comuneros. Así, a La Moneda no le quedó más que responder.

El 12 de julio, veinte comuneros mapuches que se encuentra en prisión preventiva –enfrentan penas por el incendio de predios y por el ataque a un fiscal– procesados por la ley antiterrorista en las cárceles de Concepción y Temuco iniciaron una huelga de hambre líquida. A los días, se fueron sumando detenidos de otros penales, quienes radicalizaron su postura para lograr que sus casos se revisen otra vez, pues fueron procesados por la Justicia penal ordinaria y por los tribunales castrenses. Sin embargo, los 50 días sin comer ya comienzan a mostrar sus efectos.

Ese escenario fue el telón de fondo de la cita que la noche del lunes protagonizaron Piñera y los consejeros del Instituto de Derechos Humanos. Su directora, Lorena Fries, aseguró que el presidente se mostró preocupado y atento a los puntos esgrimidos. “Así como recuperamos a 33 mineros en el norte, no podemos darnos el lujo de que 32 mapuches entren en un riesgo vital; los poderes del Estado tienen acciones que tomar”, acotó Fries.

La historia continuó ayer, cuando el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, informó que el gobierno enviará un proyecto de ley que busca perfeccionar la ley antiterrorista y acotar la competencia que tiene actualmente la Justicia militar.

“Estamos siempre dispuestos al diálogo y a revisar nuestro ordenamiento jurídico”, sostuvo el ministro que agregó que la ley antiterrorista contiene disposiciones que han sido promulgadas en plena democracia, endilgando responsabilidades a la administración de Michelle Bachelet. “No ha sido nuestro gobierno el que enmarcó tales conductas en el mencionado cuerpo legal”, dijo.

Tras ello, sostuvo que el gobierno pretende que los mapuches terminen la huelga de hambre, por lo que buscarán un mediador que les transmita el mensaje.

“Estamos abiertos a quien sea la mejor ayuda para persuadir el cese de la huelga; la vida es siempre lo más importante y siempre debe protegerse.”

En la iniciativa “se buscará un perfeccionamiento y mayor eficacia en la investigación de los delitos terroristas. Conversaremos con todas las instituciones interesadas, incluido el Instituto de Derechos Humanos, para que ellos nos formulen propuestas para ver qué mejorar, según lo que se ha planteado en el debate público. Por ejemplo, respecto de que el tipo penal es demasiado amplio”.

Hinzpeter dejó en claro que el objetivo “no es ni ablandar ni endurecer” la ley, sino perfeccionarla. “Las leyes deben aplicarse por igual a todos los ciudadanos y no en función a la pertenencia a una determinada etnia o agrupación”, acotó.

Desde la otra vereda, los werkenes representantes de los mapuches detenidos en Angol, Temuco y Concepción llegaron temprano a la Cámara de Diputados donde junto a parlamentarios opositores de la Democracia Cristiana acordaron impulsar una mesa de diálogo para avanzar en las modificaciones a la Ley antiterrorista y el Código de Justicia militar, ya que a raíz de este último varios mapuches mantienen un doble procesamiento.

“Es un error que el gobierno haga oídos sordos a esta grave situación, pues lo que necesitamos es establecer un diálogo permanente; un espacio del que ningún actor preponderante de esta sociedad puede restarse”, dijo el diputado por la Araucanía, Fuad Chahín, presente en la cita.

Su colega René Saffirio añadió que la demanda de los mapuches, que han bajado entre 15 y 18 kilos, apunta a no ser procesados por la ley antiterrorista. “En ningún caso los comuneros pretenden que no se los juzgue o que no se investigue, pero sí que sean reformalizados por delitos establecidos en el Código Penal.”