Portugal, entre 1926 y 1974, España, entre 1939 y 1975, y Grecia, entre 1967 y 1974, vivieron bajo regímenes dictatoriales. Los procesos de democratización casi simultáneos de estos países fueron considerados como la primera manifestación de una ola democratizadora que en los años siguientes habría de recorrer los países del subcontinente latinoamericano. Si no hacemos nada para corregir el curso de las cosas, dentro de algunos años se dirá que Portugal, España y Grecia vivieron, entre fines del siglo XX y principios del siglo XXI, un brillante pero breve interregno democrático. Habrá durado menos de cuarenta años, entre 1974/1975 y 2010.

La dictadura portuguesa fue la más larga de todas y en ella me concentro en este análisis, aunque mucho de lo dicho se aplique a España y Grecia. En los 48 años que precedieron a la revolución del 25 de abril de 1974 (la Revolución de los Claveles), Portugal vivió bajo una dictadura civil nacionalista, personalizada en la figura de Oliveira Salazar. A partir de 2010 entró en otro período de dictadura civil, esta vez internacionalista y despersonalizada, conducida por una entidad abstracta llamada “los mercados”. Las dos dictaduras comenzaron por razones financieras y después crearon sus propias razones para quedarse. Ambas llevaron la pobreza al pueblo portugués, al que dejaron a la zaga de los pueblos europeos. Pero mientras la primera eliminó el juego democrático, destruyó las libertades e instauró un régimen de fascismo político, la segunda mantiene el juego democrático, pero redujo al mínimo las opciones ideológicas, mantiene las libertades, pero destruyó las posibilidades de que sean efectivamente ejercidas e instauró un régimen de democracia política combinado con fascismo social. Por esta razón, la segunda dictadura puede ser designada como “dictablanda”.

Las señales más preocupantes de la actual coyuntura son las siguientes. Primero, está aumentando la desigualdad social en una sociedad que ya es la más desigual de Europa. Entre 2006 y 2009 aumentó en un 38,5 por ciento el número de trabajadores que perciben el salario mínimo (450 euros): ahora son 804 mil, es decir, cerca del 15 por ciento de la población activa; en 2008 un pequeño grupo de ciudadanos ricos (4051 unidades fiscales) tenían ingresos similares al de un gran número de ciudadanos pobres (634.836 unidades fiscales). Si es verdad que las democracias europeas valen lo que valen sus clases medias, la democracia portuguesa puede estar a punto de suicidarse.

Segundo, el estado de bie-nestar, que permite corregir en parte los efectos de la desigualdad, es muy débil en Portugal y aun así está bajo un ataque cerrado. La opinión pública portuguesa está siendo intoxicada por comentaristas políticos y económicos conservadores –dominan los medios de comunicación como en ningún otro país europeo—, para quienes el estado de bienestar se reduce a los impuestos: sus hijos son educados en colegios privados, tienen buenos seguros de salud y sentirían que sus vidas corren peligro si tuvieran que recurrir “a la porquería de los hospitales públicos”, no utilizan el transporte público, reciben cuantiosos salarios y acumulan cuantiosas pensiones. El estado de bienestar debe ser abatido. Con un sadismo indignante y un monolitismo ensordecedor, van insultando a los portugueses empobrecidos con la letanía liberal de que viven por encima de sus posibilidades y que la fiesta se terminó. Como si aspirar a una vida digna y decente, y comer tres comidas diarias fueran lujos reprobables.

Tercero, Portugal se transformó en una pequeña isla de lujo para los especuladores internacionales. ¿Tienen otro sentido los actuales intereses de la deuda soberana de un país del euro y miembro de la Unión Europea? ¿Dónde está el principio de cohesión del proyecto europeo? Para regocijo de los profetas de la desgracia nacional, el FMI ya está dentro del gobierno portugués y, en breve, anunciará lo que los gobernantes no quieren anunciar: que este proyecto europeo terminó.

Revertir este proceso en Portugal es tan difícil como revertirlo en Grecia o España, pero es posible. Mucho deberá hacerse a nivel europeo y a mediano plazo. En el corto plazo, los ciudadanos tendrán que decir basta al fascismo difuso instalado en sus vidas y reaprender a defender la democracia y la solidaridad, tanto en la calle como en el Parlamento. La huelga general será más efectiva cuanta más gente salga a las calles para manifestar sus protestas, como ha sucedido en Francia. El crecimiento ambientalmente sostenible, la promoción del empleo, la inversión pública, la justicia fiscal, la defensa del estado de bienestar, la democracia participativa, la solidaridad activa con los inmigrantes y el repudio de las políticas xenófobas (que a veces alcanzan a los propios ciudadanos europeos, como pasa con la población gitana en Francia) tendrán que regresar al vocabulario político a través de acuerdos eficaces entre los movimientos sociales y los partidos de izquierda que resistieron la devastación neoliberal de las últimas dos décadas.

* Doctor en Sociología del Derecho; profesor de las universidades de Coimbra (Portugal) y de Wisconsin (EE.UU.).

Traducción: Javier Lorca.