Desde Estambul

En el imponente pórtico del Liceo Galatasaray, en la céntrica avenida estambulí Istiklal, un ícono de la lucha por los derechos humanos, las Madres de los Sábados piden por sus hijos, desaparecidos por el terrorismo de Estado de los años ’90.

Son madres y abuelas pero también padres, hermanos e hijos, en su mayoría kurdos; en las protestas promedian el centenar. Se llaman Cumartesi Anneleri o Madres de los Sábados, porque desde el 27 de marzo de 1995 no han faltado a la cita, cada sábado, frente al pórtico del liceo, en el paseo comercial más reconocido de la cuidad más importante de Turquía.

Aunque de cuando en cuando gritan consignas políticas por los megáfonos, su arma más contundente es el silencio. Así, en silencio, cargando retratos de sus seres desaparecidos. protagonizan una gran sentada en medio de la peatonal Istiklal. Un círculo de curiosos se agolpa a su alrededor, interrumpiendo el ritmo frenético que este paseo adquiere los fines de semana. Varios agentes de policía observan a la distancia, sin intervenir.

“Venimos aquí desde hace años para presionar a las autoridades de turno para que respondan a nuestros reclamos”, comenta Fatma Karabiyik, madre de un joven que desapareció mientras hacía el servicio militar. “Nos dijeron que era un anarquista, y que estaría bajo arresto una temporada. No hemos vuelto a verlo. No esperamos que esté vivo después de tantos años, pero al menos nos gustaría poder ofrecerle un funeral. Y exigimos castigo para los perpetradores de su asesinato.”

No existe un número cierto de desaparecidos turcos. Una delegación del Grupo de Trabajo en contra de las Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU, visitó Turquía en 1998 y documentó cerca de trescientos casos desde 1994. En su informe, la delegación de la ONU acusó al gobierno de encubrir a los culpables y denunció el acoso de los familiares. “El Grupo de Trabajo expresa su preocupación por la información recibida sobre la acción tomada por el gobierno turco en contra de ciertas organizaciones no gubernamentales y de familiares de desaparecidos”, señala el documento. Desde entonces las cosas han mejorado, y aunque la policía sigue con atención las protestas, se mantiene a distancia y ya no interviene.

Berfo Kibayir tiene 103 años, y aunque ya no tiene salud para acudir todos los sábados a la protesta, aprovecha la más mínima oportunidad para venir desde Kars, en el extremo oriental de Turquía (frontera con Georgia), a Estambul para unirse a la vigilia. Su hijo Cemil Kirbayir está desaparecido.

“Después de que los oficiales vinieran a preguntar por mi hijo, yo misma lo llevé a la comisaría. No teníamos nada que ocultar. Me pregunto qué querrían de él, de qué se lo acusaba...”, nunca nos dieron explicaciones, señala la anciana. “Me he pasado años encerrada en mi casa para que me encontrase si volvía. Una noche de invierno incluso dejé la puerta abierta. Llevo más de 30 años esperando a que vuelva, pero sé que no va a volver porque lo han asesinado. A veces me pregunto por qué un Estado es capaz de hacer tanto mal a sus propios ciudadanos.” Aunque la organización adoptó el nombre de Madres de los Sábados, las madres son minoría, y son los jóvenes hermanos y los varones (padres, primos, amigos) los que más acompañan.

Mikail Kirbayir, hermano mayor de Cemil, es un hombre kurdo en la cincuentena. Dice que acompaña a su madre en las protestas frente al Galatasaray desde hace más de 15 años. “Un día la policía vino preguntando por mi hermano, fue a la comisaría y no volvimos a verlo ni a oír de él en semanas, así que fuimos a preguntar; los oficiales nos explicaron que se había fugado de la comisaría y que ahora era un fugitivo, pero nosotros no creemos esa versión”, comenta Mikail.

Ayse Yilmaz, dirigente de la organización turca Asociación por los Derechos Humanos, se indigna porque el gobierno turco ignora la protesta de los sábados. “Es incomprensible que nadie en las altas esferas del Estado se haya hecho eco de los reclamos de las madres, es sencillamente inaceptable”, protesta.

Los años posteriores a 1995 fueron años duros para los activistas de derechos humanos en Turquía. Las protestas de las madres fueron ilegalizadas, y muchas de ellas fueron sometidos al acoso constante de las fuerzas de seguridad, golpeadas y encarceladas.

A la llegada al poder en marzo de año 2003 del partido islamista moderado del primer ministro Recep Tayyip Erdogan (AKP, Partido para la Justicia y el Desarrollo), las cosas cambiaron de color para las madres. Entonces el voto kurdo había jugado un rol decisivo en las elecciones. Como resultado se permitió el uso de la lengua kurda en campañas políticas y medios de comunicación, se devolvieron los nombres kurdos a algunas de las ciudades que fueron renombradas con nombres turcos, y se dejó de reprimir a los familiares de desaparecidos.

Ante la contundencia de la victoria de los islamistas en las urnas, las clases laicistas y los militares, guardianes estos últimos de los valores secularistas que fundamentan el país, volvieron a sentirse amenazados. Entonces los sectores más duros tejieron la trama “Ergenekon”, un complot ultranacionalista que pretendía deponer al Ejecutivo. Cuando el escándalo fue desmantelado por la fiscalía, los jueces mandaron desclasificar varios archivos confidenciales. En algunos de ellos se explicaban con detalle los métodos de contrainsurgencia que las Jitem (células antiterroristas ilegales de la gendarmería turca) habrían empleado para combatir a la guerrilla separatista kurda del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en los ’90.

Aunque las madres llevan años protestando sin que las autoridades turcas se hayan comprometido formalmente a investigar las desapariciones y apresar a los responsables, lo cierto es que tras la desclasificación de los documentos de la gendarmería, la judicatura está realizando pasos tímidos pero inéditos en esta dirección.

Por ello, el coronel retirado y fundador de las Jitem, Arif Dogan, así como su colaborador el general Veli Küçük, fueron recientemente llamados por los tribunales para esclarecer el entramado de la represión ilegal. Además el propio Dogan, que no oculta sus responsabilidades en los hechos, realizó unas polémicas declaraciones que levantaron las iras de los sectores nacionalistas kurdos: “Cobrábamos por cada activista abatido”, sentenció el ex coronel al diario oficialista Taraf, en un gesto que contrasta con la versión oficial de las fuerzas armadas, que siguen negando la existencia de las células antiterroristas.

Según la organización proderechos humanos, Amnistía internacional, “la vigilia de las madres ha resultado determinante para detener los secuestros como herramienta de intimidación y eliminación”. Sin embargo, la organización señala la importancia de llevar a la Justicia a los responsables de esos crímenes. “Los esfuerzos que las clases dirigentes lleven a cabo para investigar y juzgar a los responsables de sucesos como estos, son vitales para consumar un proceso de democratización genuino, lo que en el caso turco se perfila mucho más difícil debido a la existencia de un conflicto armado en activo entre las fuerzas armadas, el Estado en su conjunto y la guerrilla separatista kurda”, señala la organización.

Kadri Dogan también acude a reclamar por sus familiares de- saparecidos. “En el año 1995 unos oficiales del Estado vinieron a casa y se llevaron a siete de mis familiares, dos de ellos mis hermanos; el pequeño tenía entonces 12 años. Jamás hemos vuelto a tener noticias de ellos”, sentencia.