El consenso no aparece y la brecha que generaron los abusos perpetrados por la última dictadura militar brasileña continúa abierta. Un claro ejemplo son las reacciones adversas al interior del gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva que produjo la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Brasil por las muertes y desapariciones de 61 militantes de izquierda durante la década de 1970, en el marco de la guerrilla del Araguaia. La Corte además declaró sin efectos jurídicos la Ley de Amnistía que impide investigar y castigar a los responsables.

El ministro de Derechos Humanos, Pablo Vannuchi, consideró al fallo como un gran avance y remarcó que tiene que ser acatado por políticos, legisladores y jueces. “Esta decisión es muy importante para promover avances en derechos humanos en nuestro país”, dijo el ministro.

Pero su par de Defensa, Nelson Jobim, lo contradijo y opinó que el dictamen es meramente político y no debe traducirse en procesos judiciales. “El tema no puede volver a la Corte Suprema”, opinó Jobim. El ministro explicó que el Estado ya consideró válida la Ley de Amnistía, vigente desde 1979, aunque afirmó que Brasil se esforzará en encontrar medios para cumplir las determinaciones de la sentencia. El funcionario aclaró que algunos pedidos de la Corte ya estaban en curso, como la búsqueda de los cuerpos de los de-saparecidos de la guerrilla.

En relación con la norma, la CIDH rechaza el argumento de la “guerra sucia” en la que se excusaron sucesivos gobiernos para sostener la protección a los responsables de asesinatos y violaciones de los derechos humanos contra futuros castigos. “El Estado es responsable de la desaparición forzada y, por lo tanto, de la violación a los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad y libertad personal”, señaló la sentencia. Según la CIDH, al no investigar el caso, el poder público violó el derecho a la Justicia de los militantes que sufrieron abusos durante la dictadura y sometió a los familiares de los guerrilleros muertos a una tortura psicológica.

Si bien la mayoría de los miembros del Supremo Tribunal Federal de Brasil ratificó la validez de la polémica norma, su titular, Ricardo Lewandowski, modificó el panorama tras el fallo de la CIDH y afirmó que el país debe acatar el dictamen: “Brasil suscribió a la Convención Americana de Derechos Humanos y se somete a las decisiones de la Corte Interamericana y a las sanciones previstas”, declaró el magistrado. La decisión de sostener o derogar la Ley de Amnistía queda ahora en manos de la presidenta electa brasileña, Dilma Rousseff, que asumirá el poder en enero. Ella fue encarcelada y torturada durante la dictadura.

Frente a las bipolares reacciones de los funcionarios gubernamentales, el arco de organizaciones de DD.HH. y asociaciones de familiares de las víctimas de la dictadura coincidieron en elogiar la medida.

“Renueva nuestra esperanza en la Justicia. Espero que la sentencia de la Corte lleve al gobierno brasileño a revisar sus políticas”, afirmó la vicepresidenta del grupo Tortura Nunca Más, Victoria Grabois.

“Es un paso importante en la verdadera redemocratización del país”, apuntó la presidenta de la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos de San Pablo, Criméia Schmidt de Almeida.

“Esperemos que la gestión de Dilma Rousseff demuestre que los gobiernos democráticos no pueden cerrar los ojos a los crímenes del pasado”, dijo Beatriz Affonso, vocera del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional.